El Tribunal Constitucional (TC) rechazó de forma definitiva un nuevo recurso presentado a favor del expresidente Pedro Castillo. El habeas corpus, promovido por su hermana Irma Castillo Terrones, buscaba anular la vacancia presidencial, el levantamiento del antejuicio político y la orden de prisión preventiva dictada en su contra. Además, solicitaba su inmediata liberación y su restitución en el cargo de jefe de Estado, tras haber sido destituido el 7 de diciembre de 2022 por su intento fallido de disolver el Congreso.
La decisión fue tomada por la Sala Segunda del TC, integrada por los magistrados Helder Domínguez, César Ochoa y Gustavo Gutiérrez. Domínguez y Ochoa votaron por declarar improcedente el recurso, mientras que Gutiérrez consideró que debía realizarse una audiencia pública. Para resolver la falta de mayoría inicial, se convocó al magistrado Pedro Hernández, quien se sumó a la postura mayoritaria, permitiendo así el rechazo definitivo de la demanda constitucional.
El TC recordó que ya se había pronunciado sobre la legalidad de la vacancia en el expediente 01803-2023-PHC/TC, indicando que Pedro Castillo fue vacado en el momento en que anunció un golpe de Estado en cadena nacional. En dicho fallo, se justificó que, debido a la gravedad y excepcionalidad del contexto, el Congreso no estaba obligado a seguir el procedimiento usual para destituir al presidente. En consecuencia, el recurso de habeas corpus fue considerado redundante y carente de fundamento.
Respecto a la prisión preventiva, el tribunal señaló que la demanda intentaba cuestionar decisiones tomadas dentro del proceso penal ordinario, lo cual excede el ámbito del derecho constitucional. La resolución precisó que el habeas corpus no puede ser utilizado para revisar criterios jurídicos adoptados por jueces penales, y que no se evidenció ningún vicio procesal que justificara la intervención del TC en este caso. Según los magistrados, el recurso solo cuestionaba el sentido de las resoluciones judiciales y no su legalidad o motivación formal.
Paralelamente, durante la última audiencia del juicio oral, Pedro Castillo protagonizó un nuevo altercado con los jueces de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema. El exmandatario tomó la palabra sin autorización, negó haber cometido el delito de rebelión y abandonó su asiento alegando motivos médicos. También se rehusó a identificarse ante la jueza suprema Norma Carbajal y lanzó acusaciones sin pruebas contra la Fiscalía, vinculando la renuncia de una fiscal adjunta con supuestas irregularidades en el proceso. Finalmente, salió de la sala para recibir atención médica.
