El titular del Jurado Nacional de Elecciones afirmó que el órgano electoral no es una extensión del Poder Judicial y que no puede aplicársele el juicio político. Además, denunció que el sistema electoral está siendo atacado por personas que no respetan la independencia de los jueces.
El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Luis Salas Arenas, se mostró en contra de la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que establece que el Congreso puede acusarlo constitucionalmente en su calidad de magistrado de la Corte Suprema.
En un discurso pronunciado ayer en la Universidad Privada de Tacna, Salas Arenas calificó de «sin asidero jurídico ni funcional» el argumento del TC, que considera que el presidente del JNE puede ser sometido a control político por ser designado por la Corte Suprema.
«El JNE no es una extensión del Poder Judicial: es un órgano constitucional autónomo», afirmó Salas Arenas, quien agregó que las funciones y competencias del jurado electoral son distintas a las del Poder Judicial y que el enjuiciamiento de un alto funcionario debe estar relacionado con actos realizados en el ejercicio del cargo para el que fue elegido.
«El presidente del JNE, al realizar función jurisdiccional electoral, no desarrolla las funciones de juez de la Corte Suprema de Justicia; por tanto, no puede aplicársele el juicio político, ni la prerrogativa del antejuicio», sostuvo.
Salas Arenas también denunció que las cabezas de los órganos electorales – JNE, Reniec y Onpe- están siendo atacadas por personas que les resultan «incómodas» y que no están acostumbradas a la independencia de los jueces.
«El sistema electoral, en este momento, está sumamente atacado. Han visto muchas formas los atacantes para deshacerse de las cabezas del sistema electoral porque les son incómodas. Algunas personas no están acostumbradas a la independencia de los jueces (…), preferirían los ‘papelito manda’ o lo que aparece en los videos (…) de la salita del SIN», manifestó.
Asimismo, criticó que se haya usado el «fantasma del fraude» de las últimas elecciones presidenciales para generar «discursos de odio» y pagar a «odiadores profesionales».
«El fantasma del fraude es eso, una fantasía perversamente sostenida y que ha servido para acunar los discursos de odio producto de la labor de los haters, los odiadores profesionales (…) que reciben remuneración por expresar su odio”, indicó.
“Hemos hecho lo que teníamos que hacer y lo seguimos haciendo. Desde luego, hay gente que discrepa, los jueces sabemos que hay gente que discrepa con las resoluciones (…) y hay formas para reclamar», agregó.
