La empresa concesionaria Rutas de Lima anunció que acatará de manera inmediata la suspensión del cobro del peaje en la Unidad de Peaje de Conchán, tras recibir la notificación de la sentencia emitida por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Lurín. Esta resolución judicial responde al hábeas corpus presentado por el alcalde del distrito, medida que fue calificada como arbitraria por la empresa, aunque aseguró su cumplimiento en respeto al Estado de derecho.
A través de un comunicado difundido en su cuenta oficial de ‘X’, antes Twitter, la compañía expresó su firme rechazo a la decisión judicial. “Rechazamos categóricamente dicha resolución por ser arbitraria y por vulnerar el marco normativo peruano. No obstante, sin perjuicio de las impugnaciones correspondientes (…) hemos procedido a acatar de inmediato la medida”, se lee en el pronunciamiento.
La concesionaria también denunció lo que considera una campaña sistemática de hostigamiento judicial, mediático y político promovida por el Estado peruano, en especial por la Municipalidad de Lima y su alcalde Rafael López Aliaga. Según la empresa, esta presión ha sido respaldada por otras autoridades, como la Defensoría del Pueblo, lo que, según sostienen, socava la seguridad jurídica del país y atenta contra la inversión privada.
En su pronunciamiento, Rutas de Lima recordó que la estación de peaje en cuestión tiene más de dos décadas de funcionamiento y fue instalada por el propio Estado antes de la concesión. Además, mencionó que, según OSITRAN, no se requiere la existencia de vías alternas para su operación, aunque en este caso sí las hay, y precisó que la responsabilidad de habilitar nuevas rutas recae exclusivamente en la Municipalidad Metropolitana de Lima.
Finalmente, la empresa denunció que ya son 26 las casetas de peaje que no pueden operar por decisiones que consideran abusivas, lo que ha generado una reducción de hasta el 50% en sus ingresos. “Esta situación está teniendo un impacto significativo sobre nuestra situación financiera (…) nos reservamos el derecho de recurrir a todas las instancias competentes, nacionales e internacionales, para proteger nuestros derechos”, concluyó el comunicado.
