La congresista Susel Paredes solicitó formalmente al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) la eliminación del cobro de S/46.20 para que los ciudadanos puedan desafiliarse de una organización política, especialmente en casos donde la afiliación se dio sin su consentimiento. Según sostuvo, esta medida es clave para garantizar los derechos ciudadanos y la transparencia de cara a las elecciones generales de 2026.
El pedido de la parlamentaria se dio a conocer a través de sus redes sociales, donde informó que envió un oficio al presidente del JNE, Roberto Burneo, instándolo a evaluar la eliminación de dicha tasa. Esta iniciativa surge en respuesta a recientes denuncias sobre afiliaciones irregulares a partidos políticos, las cuales afectarían el derecho a la libre asociación de los ciudadanos. El documento invoca artículos constitucionales y legales que amparan el derecho de los peruanos a recibir información y ejercer representación política.
En su comunicación, Paredes también exigió al JNE un informe detallado sobre las acciones que realiza para evitar que se repitan estos casos. Entre las preguntas formuladas, pidió conocer el porcentaje de firmas que han sido identificadas como irregulares en los padrones de afiliación, qué sanciones se aplicarán a las organizaciones políticas involucradas y qué medidas de control están vigentes para asegurar la voluntariedad en los registros.
Asimismo, la congresista expresó su preocupación por la coordinación interinstitucional entre el JNE, la Reniec y la Onpe, y solicitó detalles sobre los esfuerzos conjuntos para frenar esta práctica. En su opinión, permitir que los ciudadanos sean desafiliados sin trabas económicas contribuirá a fortalecer la legitimidad del proceso electoral de 2026 y a proteger los derechos fundamentales de participación política.
Finalmente, Susel Paredes advirtió que el cobro actual para desafiliarse representa una barrera burocrática injusta, especialmente para quienes fueron inscritos sin saberlo. Recalcó que el Estado debe garantizar mecanismos simples y gratuitos para corregir este tipo de vulneraciones, en aras de fortalecer la democracia y la confianza ciudadana en las instituciones electorales.
