La ministra de Construcción, Vivienda y Saneamiento, Hania Pérez de Cuellar, hizo una declaración el viernes en la que afirmó que durante la gestión del exministro Geiner Alvarado, quien fue nombrado en el gobierno de Pedro Castillo (2021-2022), se infiltró una «organización criminal» en el Fondo Mivivienda (FMV) y en otro programa del sector.
Estas declaraciones de Pérez de Cuellar surgieron poco después de que se denunciaran presuntas irregularidades en la adjudicación de un contrato al consorcio Piura Castilla para una obra de agua potable y alcantarillado en asentamientos humanos de Piura, por un monto de 561,7 millones de soles.
Según la ministra, el comité encargado de la entrega de esta millonaria obra en Piura fue designado durante la gestión de Geiner Alvarado, quien actualmente se encuentra en prisión preventiva por el presunto delito de organización criminal.
A esta denuncia se suma el caso de la empresaria investigada Sada Goray, acusada de haber pagado hasta 4 millones de soles al exjefe del Gabinete de Asesores del sector, Salatiel Marrufo, para que designara a personas de su confianza en el directorio del Fondo Mivivienda y aprobara un proyecto de construcción de viviendas de bajo costo.
La ministra destacó que esta presunta red criminal, supuestamente liderada por Castillo Terrones, no solo afectó al Fondo Mivivienda, sino también al Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU) por el caso denunciado en Piura.
Además, señaló que su ministerio está investigando si esta supuesta organización criminal también se extendió al Programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSR) y al Programa Agua Segura para Lima y Callao (PASLC).
Pérez de Cuellar anunció medidas en respuesta a estas revelaciones. Ordenó la renovación completa del directorio del Fondo Mivivienda y el relevo de los altos cargos del programa.
«Es un primer paso importante porque es en el directorio donde se toman las decisiones estratégicas sobre cómo opera el Fondo Mi Vivienda; sin embargo, la primera decisión fuerte y contundente fue renovar todo el directorio y la segunda es renovar toda la plana dirigencial», dijo.
La ministra de Vivienda también informó que se tomarán medidas similares en el comité del PNSU que otorgó el contrato al consorcio Piura Castilla.
«Identificamos a las personas que estaban en este comité específico, las hemos retirado e identificado en qué otros comités estaban», afirmó.
En relación con las licitaciones otorgadas por el FMV a Sada Goray, se está evaluando suspender los proyectos en Barranca Bonita, Alto Larán (Ica), Praderas de Cacatachi (San Martín), Piura Bonita (Piura) y Chiclayo Bonito (Lambayeque).
La ministra señaló que en el caso de Lima Bonita (San Bartolo), que es uno de los proyectos más avanzados, se está evaluando que un nuevo promotor asuma el proyecto para concluir las viviendas proyectadas.
Respecto al caso de Sada Goray, la ministra aseguró que cada uno de los proyectos se encuentra en diferentes etapas y el más avanzado es Lima Bonita. Los demás están siendo evaluados para determinar si se suspenden los procesos. En el caso de Lima Bonita, se está considerando la mejor manera de proceder. Sin embargo, se ha garantizado que los ahorros de la población no se verán afectados y se protegerán sus intereses.
En cuanto al proyecto en Piura, se espera que se emita una nueva declaración de nulidad para reiniciar el proceso de licitación de la obra otorgada a Piura Castilla.
Estas revelaciones han generado gran preocupación y se espera que las investigaciones continúen para determinar el alcance total de la presunta red criminal y tomar las medidas necesarias para garantizar la transparencia y la integridad en los programas de vivienda. El gobierno se compromete a tomar acciones contundentes para combatir la corrupción y asegurar que los recursos destinados a vivienda sean utilizados de manera adecuada en beneficio de la población.
