La congresista Susel Paredes, del Bloque Democrático Popular, propone una ley que regule el trabajo sexual en el Perú, reconociéndolo como una actividad económica lícita y protegida, ejercida de manera voluntaria por personas mayores de edad.
“A las mafias no se les teme: se les enfrenta. Con el PL 12475 regulamos el trabajo sexual y defendemos de las organizaciones criminales a las trabajadoras, clientes y vecinos”, escribió la congresista Susel Paredes en su cuenta X.
El proyecto establece que quienes se dediquen al trabajo sexual tendrán los mismos derechos laborales que cualquier otra persona trabajadora. Esto incluye seguridad social, acceso a salud integral, libertad sindical y el derecho a no ser discriminadas por su ocupación.
Además, se prohíbe expresamente la detención arbitraria de trabajadoras y trabajadores sexuales por ejercer su oficio. También queda prohibido exigir pruebas obligatorias de VIH como requisito para desarrollar esta actividad; solo podrán realizarse de forma voluntaria y con consentimiento informado.
El planteamiento de prohibir las pruebas de VIH como requisito mínimo es visto como una medida irresponsable que expone tanto a trabajadoras y trabajadores sexuales como a sus clientes, eliminando un mecanismo preventivo básico. En lugar de promover la prevención y campañas de salud, el proyecto parece abrir la puerta a un vacío peligroso en materia sanitaria.
El Estado tendría la obligación de garantizar programas de prevención, reducción de riesgos y atención integral en salud. Asimismo, se deberán implementar políticas públicas sin estigma, con coordinación entre ministerios como Trabajo, Salud, Interior y Mujer.
Otro punto central es la diferenciación clara entre trabajo sexual voluntario y delitos como trata de personas, proxenetismo o explotación sexual, que seguirán siendo castigados con todo el peso de la ley.
El proyecto también plantea que los gobiernos regionales y locales regulen la zonificación de espacios autorizados y adapten sus ordenanzas para evitar sanciones o persecución arbitraria.
La propuesta presentada el 16 de septiembre de 2025 y busca colocar al Perú en sintonía con estándares internacionales de derechos humanos, siguiendo ejemplos de países como Nueva Zelanda y Uruguay.
