La bancada celeste presentó un proyecto de ley para que el Ejecutivo denuncie a la CADH y así evitar el control de la Corte IDH sobre las acciones de la justicia peruana. La iniciativa se da en medio de acusaciones de supuestas violaciones a los derechos humanos durante las protestas violentas y terroristas contra el Gobierno de Dina Boluarte tras el golpe de Estado que sufrió el Perú a manos del sindicado cabecilla Pedro Castillo y su cúpula.
La bancada de Renovación Popular, liderada por Jorge Montoya, presentó un proyecto de ley que busca que el Perú se retire de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), el tratado internacional que reconoce y garantiza los derechos humanos en el continente americano. La finalidad de esta iniciativa es «salvaguardar la soberanía e independencia del Estado peruano» y evitar el control de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre las acciones de la justicia peruana.
El proyecto de ley plantea que el Ejecutivo, a través de la presidenta Dina Boluarte, presente ante el Congreso de la República, en un plazo de 30 días calendario, la denuncia a la CADH, conforme al artículo 78 del mismo tratado. Este artículo establece que los Estados partes pueden denunciar la convención después de un año de haberla ratificado o adherido a ella. El Perú ratificó la CADH en 1978 y reconoció la competencia contenciosa de la Corte IDH en 1981.
Si el Ejecutivo no presenta la denuncia a la CADH, deberá remitir al Congreso un informe sobre «las razones que le asisten para considerar que es inoportuna e inconveniente la denuncia a la Convención Americana sobre Derechos Humanos», según el proyecto de ley.
La iniciativa legislativa se da en un contexto en el que el Perú viene enfrentando acusaciones de violaciones a los derechos humanos durante las protestas contra el Gobierno de Dina Boluarte, que dejaron decenas de muertos y cientos de heridos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Amnistía Internacional han emitido informes en los que señalan que se cometieron «ejecuciones extrajudiciales» por parte de agentes del Estado y que se debe investigar con debida diligencia y con un enfoque étnico-racial.
La bancada de Renovación Popular argumenta que la Corte IDH tiene un sesgo político y que el concepto de soberanía nacional no puede estar sometido a su arbitrio. Además, propone implementar medidas de política criminal como la pena de muerte para delitos graves como sicariato, violación de menores y terrorismo.
La propuesta de Renovación Popular ha generado rechazo y críticas de diversos sectores políticos y sociales, que consideran que el Perú debe respetar los tratados internacionales de derechos humanos y que la Corte IDH es un órgano garante de la democracia y la justicia en la región.
