El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, solicitó formalmente a la presidenta Dina Boluarte que evalúe la permanencia del ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, tras considerar que su actuación pone trabas al avance del proyecto del tren Lima–Chosica. A través de un oficio enviado el 23 de julio, López Aliaga acusó al titular del MTC de tener una “actitud obstruccionista” y de mostrar una “falta total de conocimiento técnico” sobre la viabilidad del servicio ferroviario.
La controversia gira en torno a la negativa del ministro Sandoval de dar luz verde a la operación de los trenes donados por Estados Unidos —90 coches y 19 locomotoras— sin que exista un expediente técnico ni un plan de implementación aprobado. El alcalde sostiene que estos vehículos están “en óptimas condiciones de funcionamiento” y que el tren beneficiaría a más de dos millones de personas que a diario enfrentan condiciones precarias de transporte en Lima Este.
“El ministro ha demostrado no solo desconocimiento técnico, sino una absoluta falta de voluntad política y sensibilidad social con los sectores más vulnerables”, señala el alcalde en el documento. Añade que mientras los limeños pagan hasta S/ 16 diarios por un servicio deficiente, el Ejecutivo está postergando una solución viable. Por ello, pidió a Boluarte que no respalde esa actitud y que tome medidas favorables para el avance del proyecto ferroviario.
Sin embargo, César Sandoval ha respondido públicamente que su posición no se trata de un bloqueo político, sino de un compromiso con el rigor técnico y la seguridad de los pasajeros. Aseguró que no puede permitir que los trenes entren en operación sin contar con las evaluaciones correspondientes, ya que no se ha verificado el estado de la infraestructura ni de los vehículos.
El proyecto del tren Lima–Chosica ha generado opiniones divididas. Mientras la Municipalidad Metropolitana de Lima defiende su pronta implementación con el material rodante donado, desde el Ministerio de Transportes se insiste en que debe cumplirse con los procedimientos establecidos para garantizar su viabilidad. La discusión se mantiene abierta, en medio de un clima de creciente presión política y demandas ciudadanas por soluciones reales al caos del transporte en la capital.
