La congresista Francis Jhasmina Paredes Castro, del partido Podemos Perú, presentó el Proyecto de Ley N.º 11875/2024-CR, con el que propone que el incremento del sueldo presidencial, aprobado recientemente por el Ejecutivo, entre en vigencia recién el 28 de julio de 2026, al inicio del próximo mandato presidencial. De esta manera, la presidenta Dina Boluarte seguiría percibiendo un salario mensual de S/ 16 000 hasta el final de su gestión.
La propuesta busca aplazar la aplicación del Decreto Supremo N.º 136-2025-EF, el cual establece un aumento del sueldo presidencial a S/ 35 568. En el documento, la legisladora cuestiona la decisión del Consejo de Ministros y argumenta que, si bien el cargo presidencial es el más alto del Estado, la Constitución no establece una jerarquía que justifique automáticamente ese incremento. Además, remarca que la actual mandataria aceptó el cargo con pleno conocimiento de su retribución mensual.
«Si no le gustaba el monto por ser muy bajo, pues no debió postular o debió declinar de asumir el cargo», señala el proyecto. La congresista también recordó que, durante el segundo gobierno de Alan García (2006-2011), se estableció un sueldo que fue respetado por sus sucesores de forma consensuada, sugiriendo que las reglas deben mantenerse hasta el término de un mandato.
En contraste, la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Desilú León, respaldó el incremento aprobado por el Ejecutivo. En declaraciones a la prensa, indicó que el salario presidencial era el más bajo en comparación con otros altos funcionarios del Estado. “Este aumento se ajusta a la ley y ya ha sido aprobado legalmente. No se le debería seguir dando vueltas a un tema que está resuelto conforme al marco normativo”, señaló.
Con esta propuesta, la legisladora Paredes plantea que el nuevo sueldo presidencial sea una decisión del próximo jefe de Estado, quien tendrá la facultad de mantenerlo, modificarlo o incluso derogar el aumento. El debate sobre el tema sigue generando controversia en medio de un contexto político marcado por el descontento ciudadano frente al gasto público.
