El Congreso de la República, a través de la legisladora Diana Gonzales Delgado (Avanza País), ha presentado el Proyecto de Ley N° 11398/2024-CR, que plantea la creación de la figura del denunciante protegido en los delitos de sicariato y extorsión. El objetivo principal de la iniciativa es fomentar la denuncia ciudadana, proteger a quienes colaboran con la justicia y contribuir a la lucha contra el crimen organizado en el país.
La propuesta establece que cualquier persona que proporcione información útil y comprobable sobre estos delitos podrá solicitar el estatus de Denunciante Protegido. Esto garantizará la reserva absoluta de su identidad desde el momento de la denuncia, incluso frente al imputado y su defensa legal, salvo que una orden judicial motivada disponga lo contrario. Asimismo, se contemplan medidas de protección como el traslado del denunciante a una ubicación segura.
“El silencio forzado por miedo a represalias es una de las principales barreras para combatir el crimen organizado. Este proyecto brinda una herramienta legal moderna para proteger a quien se atreve a romper ese silencio”, indicó la congresista Gonzales. Además, se prevé que las denuncias puedan realizarse en comisarías, fiscalías o mediante plataformas digitales seguras del Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú.
Para evitar un uso indebido del sistema, el proyecto de ley contempla una verificación preliminar de cada denuncia en un plazo de cinco días hábiles. También se plantea la creación de un registro confidencial de denuncias falsas o reiteradamente infundadas. Si una misma persona presenta tres denuncias desestimadas en un mismo año, perderá su calidad de denunciante protegido. Aquellos que presenten información falsa de forma deliberada podrán ser procesados penalmente por denuncia calumniosa.
Esta medida legal busca cerrar una brecha crítica en el sistema judicial, donde muchas víctimas y testigos optan por el silencio ante el temor de represalias. Con este marco normativo, se busca generar mayor confianza ciudadana para enfrentar al sicariato y la extorsión que azotan distintas regiones del país.
