Mirtha Vásquez, congresista de Frente Amplio (FA), presentó un proyecto de ley 6050, que propone eliminar el financiamiento de empresas privadas a campañas políticas, con el objetivo de evitar la corrupción. Además, pretende ampliar los alcances del financiamiento público directo.
La iniciativa prohíbe que las empresas financien a partidos políticos para sus participaciones en comicios electorales y busca reducir la posibilidad que estos sean captados por intereses económicos privados.
En su lugar, establece que solo militantes inscritos en el Registro de Organizaciones Políticas podrán aportar hasta 20 UIT, equivalente a 86 mil soles.
Sin embargo, toda contribución económica privada que supere el 10% de 1 UIT, se realizará a través de entidades del sistema financiero, las cuales deberán identificar todos los aportes y retiros de la cuenta.
Otro de los alcances de la propuesta legislativa es que incorpora la modalidad de financiamiento público directo para costear gran parte de los gastos de campaña en todos los partidos políticos que se encuentren debidamente inscritos.
“Todos los partidos o alianzas electorales recibirán 400 UIT para realizar sus campañas presidenciales, mientras que, para las elecciones regionales y municipales, el Estado destinará hasta 200 UIT de financiamiento público para dichos comicios”, precisó la norma.
Sanción
Además, establecen infracciones y sanciones cuando no se presenten informes sobre gastos de campaña ni se cumpla con el porcentaje mínimo destinado para capacitación y formación, así como la recepción de fuentes de financiamiento prohibido o cualquier manipulación de la información financiera.
Para las infracciones leves, se establece una multa de hasta 10 UIT, para las faltas graves se sanciona con 30 UIT y para los delitos muy graves con 150 UIT, que serán impuestas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
“Si bien es cierto que el financiamiento público de los partidos políticos no erradicará la corrupción de la noche a la mañana, sí permitirá disminuir los incentivos y el riesgo que la captación económica del poder político se materialice como lo ocurrido con el caso Lava Jato”, dijo Vásquez.
También se incorpora también el principio de austeridad, por el cual los fondos públicos asignados para la propaganda política y electoral deben invertirse en lo estrictamente necesario y estipulado por ley.
