La bancada de Acción Popular presentó el proyecto de ley 5134-2020 que busca incorporar un agravante al actual Código Penal a fin de sentenciar con cadena perpetua e inhabilitación [muerte civil] permanente a todo alto funcionario público que cometa actos de corrupción. La propuesta es impulsada por el vocero del bloque Otto Guibovich.
“Estamos apuntando adonde nunca se ha apuntado: a los altos funcionarios. Cuando un líder de cualquier nivel, sea presidente, gobernador, congresista, militar, se corrompe, se inicia una cadena que contamina el sistema y ya nadie puede decir nada porque todos son parte de un clan», declaró Guibovich a este Diario.
El congresista y excomandante general del Ejército agregó que es consciente de que su planteamiento generará críticas, pero que estas vienen de personas de la capital que “ven las cosas desde un escritorio pero no ven la desesperación de un país”. Dijo que “en otras condiciones habría incluso pedido la pena de muerte, pero eso no es viable porque tenemos convenios internacionales y la propia constitución no lo permite”.
El parlamentario sustentó la propuesta en que cada año “se pierden S/17 mil millones en corrupción”. Remarcó que “por todo ese dinero perdido tenemos expresidentes millonarios, y los sistemas de salud y educación desquebrajados”. El general del Ejército en retiro manifestó que «ahora, en esta situación de emergencia por el Covid-19, hemos visto el peor rostro de la corrupción. Siempre hemos administrado la corrupción, nunca nos hemos propuesto a erradicarla.”
Otto Guibovich espera que su proyecto pueda ser revisado por todas las comisiones que el Congreso considere, pero sin que se cambie el fondo del mismo.
En el documento se adjunta un listado con dieciocho ítems sobre las autoridades que serían procesadas de ser aprobada la modificación: Presidente de la República, ministros, congresistas, gobernadores, alcaldes, magistrados del Tribunal Constitucional y del Poder Judicial, fiscales supremos y jefes del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, entre otros.
¿Realidad o populismo?
Aunque es presidente del partido Acción Popular, el gobernador regional de Cajamarca Mesías Guevara afirmó que la propuesta “busca tribuna y llamar la atención del pueblo”. Calificó la iniciativa de “inviable, más allá de las buenas intenciones del congresista Guibovich”.
Guevara, quien fue parlamentario en el periodo 2011-2016, explicó que “todo lo que significa transparencia es bueno” pero pidió a los actuales legisladores “comprender que su periodo es bastante corto», ese debate ya fue antes agotado y que “deberían abocarse a temas mas fundamentales”.
Por su parte, el congresista de AP, Franco Salinas, minimizó las declaraciones de Guevara: “lamento mucho que siempre esté en contra de las propuestas de la bancada. Su mandato como presidente está vencido, no es abogado y en su oportunidad [como legislador] jamás presentó propuestas [contra la corrupción]”.
Para Salinas, el proyecto de Guivobich tiene sustento jurídico y base legal: “hay organismos internacionales que consideran los delitos de corrupción como atentado a los derechos humanos. Es una traición a la voluntad popular”.
Para el exprocurador anticorrupción Yván Montoya, la propuesta es “populista y desproporcionada”. En diálogo con El Comercio, Montoya consideró que la iniciativa incluso tiene «un efecto peligroso porque con ella se cree erróneamente que se combate a la corrupción”.
Montoya agregó que el Parlamento debería implementar otros aspectos que hoy se requieren “empezando por ellos y sus declaraciones juradas de intereses que quieren publicar con parámetros nada transparentes ni efectivos”. Dijo que además se requiere el “fortalecimiento de la Contraloría para fiscalizar efectivamente las declaraciones juradas de ingresos y rentas de los funcionarios a fin de que puedan levantar el secreto bancario o la reserva tributaria”.
“Yo estaría de acuerdo con precisar el tema de la inhabilitación absoluta [muerte civil] para ejercer cargos públicos. La última ley no es tan precisa y no abarca el caso de fondos en contextos de emergencia”, finalizó Yván Montoya, quien también se desempeña como asesor jurídico del Instituto de Derechos Humanos y Democracia de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
Fuente: El Comercio
