La Procuraduría General del Estado (PGE) ha requerido al expresidente Martín Vizcarra el pago de una reparación civil de S/575,000 debido a su presunta responsabilidad en la contratación irregular de Richard Swing en el Ministerio de Cultura. Este caso ha sido objeto de intensa investigación judicial por las supuestas irregularidades cometidas durante la gestión de Vizcarra en dicho ministerio.
El juez Juan Carlos Checkley ha respaldado la solicitud de la PGE, declarando infundado el recurso presentado por la defensa legal de Vizcarra en contra de la reparación civil exigida. Según el magistrado, la petición de la Procuraduría cumple con todos los requisitos establecidos por el Código Procesal Penal.
Richard Swing, conocido también como Richard Cisneros, recibió contratos significativos del Ministerio de Cultura durante la administración de Vizcarra, generando controversia debido a la falta de acreditación adecuada para los servicios contratados. Estos contratos han suscitado sospechas sobre posibles actos de corrupción y tráfico de influencias, investigaciones que continúan desarrollándose para esclarecer el alcance de las presuntas irregularidades.
El caso Richard Swing ha sido parte de una serie de escándalos que marcaron el fin del mandato de Martín Vizcarra como presidente del Perú en noviembre de 2020, cuando fue destituido bajo la acusación de «incapacidad moral permanente». Además de este caso, Vizcarra enfrenta un juicio oral por presunto cohecho pasivo en la adjudicación de obras públicas en la región de Moquegua durante su gestión como autoridad local.
El próximo 28 de octubre está programada la audiencia de instalación del juicio oral contra Vizcarra por el caso Lomas de Ilo, donde se espera la participación de 27 testigos clave, incluyendo exfuncionarios del gobierno y personalidades cercanas al expresidente.
La situación legal de Martín Vizcarra se complica con cada nueva etapa judicial. Mientras la Procuraduría insiste en la reparación civil por el caso Richard Swing, el expresidente se prepara para enfrentar el juicio oral por otros presuntos actos de corrupción. Estos eventos no solo han impactado su reputación política, sino que también han mantenido la atención pública sobre las irregularidades que marcaron su gestión.
