La presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez, defendió la aprobación de la nueva Ley Agraria tras varias semanas de haber derogado la antigua norma. Pese a las críticas que ha recibido, mencionó que el Congreso tenía la obligación de dar una «salida política a algo que podía decantar en un conflicto mayor que se resolviera en las calles con muertos».
«Todos éramos conscientes […] que no iba a satisfacer a ninguna de las dos partes, justamente porque las posiciones son muy antagónicas. De esto estábamos conscientes, pero lo mínimo que podíamos era encontrar un punto medio que evite que los trabajadores sigan en la misma situación y que las empresas empiecen a girar a un cambio progresivo que no afecte brutalmente su funcionamiento», señaló.
«Creo que finalmente logramos un acuerdo así. Yo hablé con los trabajadores y analizamos con ellos que este era un punto de inicio. Una situación que históricamente había devenido en mucho maltrato para los trabajadores tampoco se podía transformar de un momento a otro y todos convenimos en que esta era un primer buen inicio y que había que caminar a la mejora progresiva de los derechos de los trabajadores, agregó.
Vásquez lamentó que durante el ‘Pleno Agrario’, realizado en octubre de 2020, al Parlamento «no le alcanzó el tiempo» para revisar otros aspectos estructurales, como la situación laboral de los trabajadores agroexportadores, el cual meses después «explotó porque producto de la crisis económica muchos sectores empiezan a expresar sus demandas urgentes».
«El tema es de amplitud, estábamos enfocados en ese momento (octubre) en el tema general y en el tema específico laboral todavía no llegábamos a mirarlo y creo que la población meses después nos hizo ver que eso también era un tema de emergencia. Nosotros lo mirábamos como un tema importante, pero la emergencia lo determinó la situación económica», apuntó.
Pese a esto, la titular del Parlamento defendió la derogatoria de la Ley de Promoción Agraria tras las protestas que se desataron en diferentes regiones del país. En su opinión, esta norma, concebida inicialmente como temporal, «precarizó» los derechos de los trabajadores; no obstante, reconoció que el Parlamento debió dar «una respuesta y una propuesta».
«Urgía que respondamos con una propuesta que seguro no sería la más perfecta, pero algo teníamos que entregar, así que hice muchos llamados a tratar de llegar a consensos porque había mucha dificultad para llegar a consensos, las posturas estaban diametralmente opuestas, íbamos a varios mecanismos para poder dialogar y hubo hasta siete propuestas», recordó.
