En medio de la polémica generada por un reportaje del programa Punto Final, la Presidencia de la República emitió este martes un comunicado oficial negando que la presidenta Dina Boluarte tenga acceso personal a una tarjeta electrónica de alimentos con un saldo mensual de S/5.000, como se había señalado. Según el pronunciamiento, dicha tarjeta está destinada exclusivamente para la adquisición de insumos por parte del personal administrativo del Despacho Presidencial.
“No es cierto que esta tarjeta esté a disposición para el uso personal de la presidenta de la República, Dina Boluarte, o su familia”, se lee en el comunicado. La Presidencia explicó que el uso de estas tarjetas forma parte de un proceso regular de abastecimiento que sigue los lineamientos de la Ley de Contrataciones del Estado, y que el procedimiento se realiza desde el año 2016.
El Despacho Presidencial detalló que el proceso de selección para la contratación de estos vales de consumo vía tarjetas electrónicas es gestionado por la Dirección General de Administración y que se efectúa bajo un “proceso de selección simplificado”. Asimismo, recalcó que las adquisiciones con la tarjeta son ejecutadas únicamente por el personal autorizado, no por la mandataria ni sus allegados.
Además, la entidad aclaró que todos los procesos de adquisición, así como la documentación que sustenta estos gastos, están sujetos a fiscalización por parte de la Contraloría General de la República (CGR). “Los procesos se ejecutan con la mayor diligencia en su uso y están sujetos a ser revisados por la CGR”, se indicó.
Por último, se informó que el Despacho Presidencial es auditado anualmente por una sociedad de auditoría externa contratada por la Contraloría. Según la nota, no se han registrado observaciones durante las auditorías correspondientes a los años 2023 y 2024 respecto al uso de los recursos públicos asignados.
