El Primer Juzgado Constitucional de Lima declaró infundada la demanda presentada por el presidente Pedro Castillo en contra de los miembros de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del período 2021-2022. El pedido del mandatario pretendía anular el informe aprobado por el referido grupo de trabajo parlamentario sobre la demanda constitucional por una presunta traición a la patria.
El recurso presentado por Castillo contra los legisladores Rocío Torres Salinas, Martha Moyano Delgado, Carlos Ernesto Bustamante Donayre, Hernando Guerra García Campos, Alejandro Enrique Cavero Alva, María Grimanesa Acuña Peralta, Alejandro Muñante Barrios y Wilson Soto Palacios fue desestimado bajo el argumento de que el cargo que ostenta no lo exime de control político.
“Se precisa que el demandante fue elegido constitucionalmente y ostenta el más alto cargo público del país; sin embargo, ello no implica que quede exento del control político; no siendo competencia del juzgado constitucional evaluar la legitimidad de los argumentos y pruebas con las cuales la Sub Comisión demandada acusa la infracción constitucional y la existencia de indicios de la comisión del delito; en tanto ello es labor propia del Congreso de la República, en este proceso únicamente se verifica que se cumpla con el debido proceso conforme a la normatividad interna e internacional”, se puede leer en el documento.
Asimismo, se precisa que el jefe de Estado “puede ser sometido a procesos de acusación constitucional, antejuicio y juicio político sin que ello suponga lesión a derecho constitucional alguno”.
Subcomisión verá hoy denuncia constitucional por presunta organización criminal contra Pedro Castillo
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales verá este miércoles desde las 6.30 p. m. la denuncia constitucional por presunta organización criminal contra Pedro Castillo, interpuesta por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides.
De acuerdo con la tesis del Ministerio Público, Castillo Terrones sería el presunto líder de una organización criminal que habría actuado en agravio del Estado peruano.
