El Poder Judicial ha rechazado el pedido de prisión preventiva contra Betssy Chávez, ex presidenta del Consejo de Ministros, y los ex ministros Willy Huerta y Roberto Sánchez, por su presunta implicación en el golpe de Estado perpetrado por Pedro Castillo el 7 de diciembre del 2022. Aunque los tres seguirán siendo investigados en libertad por los delitos de rebelión y conspiración, tendrán comparecencia con restricciones.
Los acusados no podrán salir de su localidad sin permiso judicial, deberán comparecer cada mes ante el Poder Judicial y cada vez que se les requiera, y tienen prohibido comunicarse con coinvestigados y testigos. Además, el magistrado ha dispuesto que Chávez pague una caución de S/ 100 mil, Huerta S/ 80 mil y Sánchez S/ 50 mil, aunque los abogados de los tres han apelado esta decisión.
El juez supremo Juan Carlos Checkley ha determinado que no hay peligro suficiente de fuga o de obstaculización a las investigaciones, aunque sospecha fuertemente del delito de rebelión. La fiscalía, que había solicitado que se dictara una prisión preventiva de 18 meses, ha anunciado que apelará la resolución del magistrado.
La palabra definitiva sobre el pedido de la fiscalía la tendrá la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, presidida por el magistrado César San Martín. Mientras tanto, los tres acusados seguirán siendo investigados en libertad, aunque con restricciones y bajo la supervisión del Poder Judicial.
