El Poder Judicial ordenó el embargo de las acciones que José Graña Miró-Quesada tiene en la Empresa Graña y Montero S.A.A. como medida cautelar en la investigación que se le sigue por presunto lavado de activos en el caso Odebrecht.
El procurador ad hoc para el caso Lava Jato en Perú, Jorge Ramírez Ramírez, realizó el pedido ante el juez Richard Concepción Carhuancho, titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de la Sala Penal Nacional.
Esta medida se establece para garantizar el eventual pago de una reparación civil que Graña Miró-Quesada tendría que afrontar por el proceso de la carretera Interoceánica Sur, donde están implicados los representantes de las empresas que se consorciaron con Odebrecht (Graña y Montero, JJC Contratistas e ICCGSA).
El Poder Judicial ha ordenado que el embargo y la inhibición (congelamiento) se inscriban en el Registro Central de Valores y Liquidaciones (CAVALI) y que se informe a la Superintendencia del Mercado de Valores sobre ello.
Hasta ahora se conocía que el procurador Ramírez solo le había embargado a José Graña aproximadamente 400 mil soles en bienes y acciones. Fuentes de RPP Noticias indicaron que este nuevo embargo sería una suma millonaria y ampliamente superior teniendo en cuenta que se trata de acciones en Graña y Montero.
Se debe tener en cuenta que si bien Graña Miró Quesada tendría la condición de aspirante a colaborador eficaz ante el Equipo Especial, dicha condición no lo exime del eventual pago de una reparación civil para resarcir los daños ocasionados al Estado por actos de corrupción en la carretera Interoceánica Sur.
