El Poder Judicial ordenó siete días de detención preliminar por flagrancia en contra el golpista Pedro Castillo por los presuntos delitos de rebelión y conspiración. El juez Juan Carlos Checkley Soria concedió el Pedido de la Fiscalía de la Nación y otorgó la medida de coerción personal como consecuencia del fallido intento de golpe de Estado efectuado el último miércoles 7 de diciembre.
Dentro de los argumentos, los representantes del Ministerio Público indicaron que Castillo Terrones ha subvertido el orden constitucional, violando el artículo 134 de la Carta Magna.
«Al disolver el Congreso de la República e instaurar un gobierno excepcional, habría quebrantado flagrantemente el artículo 134 de la Constitución, pretendiendo, de manera ilegal, cambiar el modelo de Estado de Derecho establecido en la Carta Magna del año 1993″, indicaron.
Además, consideraron que existen motivos suficientes para aceptar la medida, debido a que un acta de intervención policial señala que Castillo Terrones pretendía llegar hasta la Embajada de México para posteriormente fugarse del país.
«En el acta de intervención de fecha 7 de diciembre de 2022, evacuada por el jefe de la Divisón de Seguridad Presidencial, coronel Walter Ramos Gomez, se tiene lo siguiente: ´Cuando nos encontrábamos a la altura de la avenida Tacna y la avenida Nicolás de Piérola, el suboficial superior PNP Aníbal Ladino Yrigoyen, seguridad inmediata del presidente, ordenó al suboficial PNP Jospeh Grandes López se dirija a la Embajada de México´. Entonces, objetivamente, se evidencia que el investigado Castillo Terrones, utilizando los vehículos del Estado, se dirigían a la Embajada de México con la finalidad de fugar del país. Queda evidente la alta probabilidad de que Castillo Terrones fugue del país», añadió.
Defensa de Pedro Castillo
Por su parte, la defensa del exmandatario argumentó que el mensaje a la Nación leído el último miércoles no configuran los delitos que se le imputan. Asimismo, agregó que los actos se realizan mediante documentos y no se ha encontrado ninguna resolución o decreto que de validez a lo mencionado durante el mensaje.
«Las declaraciones que dio mi patrocinado en el mensaje a la Nación no configuran el delito de rebelión. La Fiscalía, al vez que quizá no configura este delito, alternativamente plantea otro delito: el delito de conspiración», precisó.
«Todos sabemos que en la administración pública todos los actos no son verbales. Los actos se realizan a través de documentos. ¿Ha existido alguna resolución, algún decreto donde mi patrocionado, como presidente de la República, haya señalado que se disuelve el Congreso, se reorganizan las instituciones, se impone el toque de queda? No hay ningún documento», agregó.
