Hoy lunes 8 de julio, el Poder Judicial comenzará la evaluación del pedido fiscal de 36 meses de prisión preventiva contra el expresidente Alejandro Toledo, en el marco de la investigación por los delitos de colusión agravada y lavado de activos relacionados con la licitación del Tramo 4 de la Carretera Interoceánica.
La audiencia se llevará a cabo de manera virtual a partir de las 3:00 p. m., bajo la dirección del juez Víctor Zúñiga Urday. El magistrado analizará la solicitud presentada por el Equipo Especial de la Fiscalía para los Casos Odebrecht y Lava Jato, que busca cambiar el mandato de comparecencia simple por el de prisión preventiva.
Alejandro Toledo, actualmente recluido en el Establecimiento Penitenciario de Barbadillo en Ate, Lima, será trasladado a la sala de audiencias del penal para participar junto con su abogado en esta sesión virtual.
La decisión de llevar a cabo esta audiencia fue tomada luego de que la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional revocara una resolución previa del juez Richard Concepción Carhuancho. Esta instancia judicial consideró procedente la instalación de la audiencia virtual, ordenando que otro magistrado de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada se encargue del caso de manera aleatoria.
En paralelo, la fiscal Diana Canchihuaman Castañeda del Equipo Especial ha solicitado una pena de 35 años de prisión para Alejandro Toledo, acusándolo de colusión agravada y lavado de activos en perjuicio del estado. La investigación se centra en presuntos sobornos recibidos por Toledo de la constructora brasileña Camargo y Correa para favorecerla en la licitación del Tramo 4 de la Carretera Interoceánica.
La Procuraduría Ad Hoc para los casos Odebrecht y Lava Jato ha presentado evidencias como correos electrónicos interceptados y depósitos bancarios hacia Josef Maiman, vinculados a empresas offshore relacionadas con compañías brasileñas.
Alejandro Toledo ya enfrenta 18 meses de prisión preventiva en relación con el caso de los tramos 2 y 3 de la Carretera Interoceánica, también vinculados a Odebrecht, por los cuales el fiscal José Domingo Pérez Gómez ha pedido una pena de 20 años y 06 meses de cárcel.
El exmandatario también está involucrado en otros procesos penales en Perú, incluyendo la adquisición de propiedades a través de Ecoteva Consulting Group y presuntos aportes ilegales de Odebrecht durante la campaña presidencial de 2011.
