La promulgación de la ley de amnistía por parte de la presidenta Dina Boluarte ha generado una fuerte reacción internacional, especialmente desde las Naciones Unidas. Volker Türk, Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, cuestionó duramente la norma que exonera de responsabilidad penal a militares, policías y miembros de comités de autodefensa involucrados en la lucha contra el terrorismo. Según Türk, esta ley representa un retroceso en la búsqueda de justicia y viola compromisos internacionales adquiridos por Perú.
En un comunicado oficial, el Alto Comisionado manifestó su preocupación por la promulgación de esta ley, señalando que “viola los estándares internacionales y es un retroceso en la búsqueda de justicia por las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno”. Además, expresó estar consternado porque la medida afecta directamente a las miles de víctimas que aún esperan verdad, justicia, reparaciones y garantías para que no se repitan hechos similares ni haya impunidad.
La presidenta Boluarte firmó la norma durante una ceremonia en Palacio de Gobierno, acompañada de militares, policías y congresistas que impulsaron la ley, incluyendo miembros del comando Chavín de Huántar. Desde el Ejecutivo, la ley fue defendida como un reconocimiento a quienes combatieron a grupos terroristas como Sendero Luminoso y el MRTA, destacando el apoyo a efectivos mayores de 70 años y a aquellos que no tengan sentencia firme.
No obstante, diversos organismos de derechos humanos han cuestionado que la ley podría beneficiar a responsables de masacres y desapariciones, e incluso favorecer a procesados con condena firme. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) pidió suspender de inmediato el trámite de la norma, alertando sobre su posible impacto negativo en sentencias internacionales y derechos de las víctimas. Además, convocó a una audiencia pública para el 21 de agosto, para analizar el tema con la participación de víctimas, el Estado y la Comisión Interamericana.
La respuesta del Gobierno fue tajante y rechazó la petición de la Corte IDH, calificándola de intromisión. Tanto el premier Eduardo Arana como la presidenta Boluarte han reafirmado su respaldo a la ley, indicando que su aplicación se limitará a quienes no tengan sentencia firme y a los efectivos mayores de 70 años sentenciados, una decisión que mantiene encendida la polémica en torno a la justicia y los derechos humanos en el país.
