La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, criticó duramente la promulgación de la Ley de Amnistía para ronderos, policías y militares que cometieron delitos durante la lucha contrasubversiva entre 1980 y 2000. En una entrevista con CNN en Español, Espinoza calificó la aprobación de la norma como una “bofetada a todas las víctimas” y un “insulto a las víctimas de violación de los derechos humanos”. Además, aseguró que la ley es “absolutamente inconstitucional” y beneficiará a cerca de 900 efectivos actualmente procesados.
La titular del Ministerio Público cuestionó que la presidenta Dina Boluarte haya promulgado la ley “con toda pompa y festejo” en una ceremonia en Palacio de Gobierno que contó con la presencia de congresistas y militares que impulsaron la norma en el Parlamento. Para Espinoza, esta situación representa una falta de respeto hacia quienes sufrieron graves violaciones durante el conflicto armado interno y afecta el compromiso del Estado peruano con los derechos humanos y las convenciones internacionales.
Delia Espinoza señaló que la ley amnistía a militares y policías procesados y condenados por delitos vinculados a la lucha contra el terrorismo, lo que contraviene la Constitución y los compromisos internacionales del país, como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH). Indicó que entre los beneficiados se encuentran imputados en casos emblemáticos como Manta y Vilca, y afirmó que el Congreso también tiene responsabilidad en la aprobación de esta norma.
En paralelo, la fiscal superior coordinadora de las Fiscalías en Derechos Humanos e Interculturalidad, Rosario Quico Palomino, anunció que solicitará a la Fiscalía de la Nación presentar una acción de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía. Según explicó, esta norma es jurídicamente inviable porque obstaculiza la investigación, sanción y reparación de graves violaciones a los derechos humanos, y vulnera principios constitucionales esenciales, además de contravenir obligaciones internacionales del Estado.
La Fiscalía reafirmó su compromiso con la supremacía constitucional, el derecho a la verdad y el acceso a la justicia para las víctimas. Tras un análisis conjunto con fiscales especializados, se decidió tomar acciones legales para impugnar la ley, en defensa de los derechos fundamentales y de las personas afectadas durante el conflicto armado interno en el Perú. La polémica sobre la ley de amnistía sigue abierta y ha generado rechazo tanto nacional como internacional.
