La oficina del Centro de Modalidades Formativas del Congreso, dirigida por Yessenia Lozano Millones, militante de Alianza para el Progreso (APP) y autodenominada “hija política” de César Acuña, cuenta con un presupuesto de casi dos millones de soles para el año 2025. De ese monto, más de un millón y medio está destinado al pago de personal, conformado por seis trabajadores, incluido su propio salario de 19 mil soles mensuales.
Durante su presentación ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, Lozano admitió que no cuenta con una maestría, pese a que un comunicado oficial del Parlamento aseguraba que sí tenía ese grado académico. También presentó su título universitario y certificado de estudios de posgrado, alegando que cumple con el perfil exigido para su puesto. Cuestionó duramente a los medios de comunicación por lo que calificó como una “hostilización” en su contra.
El oficial mayor del Congreso, Giovanni Forno, y la directora de Administración, Rosa Izaguirre, detallaron que los recursos asignados provienen de fondos ordinarios y que el gasto en personal podría ascender hasta 78 mil soles mensuales, debido a bonificaciones y gastos operativos. Negaron que Lozano cuente con seguridad personal pagada por el Congreso y aclararon que las contrataciones de su equipo fueron supervisadas por varias oficinas internas.
En la misma sesión, Lozano justificó su sueldo y su presencia en el cargo alegando experiencia previa en gobiernos regionales y ministerios. Confirmó que fue recomendada por el actual presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, y defendió la legalidad de la oficina que dirige, aunque reconoció que cometió un error al colocar un retrato de César Acuña en su oficina, el cual fue objeto de críticas.
El abogado de Lozano, Elio Riera, también vocero de APP, declaró que no existe ilegalidad ni delito en la creación ni en el funcionamiento de la oficina. Aseguró que su patrocinada no ha cometido plagio ni ha mentido sobre sus credenciales académicas, y afirmó que están dispuestos a colaborar con las investigaciones del Congreso y el Ministerio Público, que actualmente indagan el caso por presunta negociación incompatible.
