Antes de ser reemplazado por Rafael Vela, el extitular del Equipo Especial del caso Lava Jato, Hamilton Castro, dejó un informe en 2018 dirigido al entonces fiscal coordinador César Zanabria Chávez, el cual revela que la empresa brasileña Odebrecht denunció ante el Ministerio Público de Brasil que el Perú incumplió el acuerdo preliminar de colaboración eficaz.
En el documento, Castro indicó, por su parte, que la empresa brasileña tampoco suministró información en varios casos como el del Gasoducto Peruano del Sur, entre otros, pero aun así el Equipo Especial se comprometió a no solicitar al Poder Judicial la adopción de medidas cautelares como los allanamientos.
Así lo señala el informe Nº 011-2018 FSUPRAPEDCF-MP-FN/EE, del 18 de julio del 2018, enviado por el entonces titular del Equipo Especial de la Fiscalía para el caso Lava Jato, Hamilton Castro, al aún fiscal superior coordinador de la Fiscalía Superior Nacional Coordinadora Especializada en Delito de Corrupción de Funcionarios, César Zanabria Chávez.
En dicha documentación, Castro menciona el convenio preliminar de fecha 4 de enero del 2017, que el Equipo Especial del caso Lava Jato suscribió con la empresa constructora Norberto Odebrecht sucursal Perú, en el marco de un proceso especial de colaboración eficaz.
Es así que el fiscal da cuenta de los supuestos incumplimientos denunciados por la empresa Odebrecht ante los fiscales del Ministerio Público brasileño y que consideró violatorio de parte de diversas autoridades peruanas.
“El Ministerio Público del Perú no muestra ninguna intención de celebrar el acuerdo de lenidad definitivo con la empresa Odebrecht”, señala la constructora.
“En relación con los compromisos asumidos mediante asistencia judicial internacional, el Equipo Especial (Lava Jato), también utilizó y está utilizando información brindada por la empresa para instruir la investigación contra la misma y sus funcionarios y exfuncionarios. El acta de compromiso de especialidad y de limitación de uso de pruebas está haciendo vehementemente incumplida por el Perú”, indica Odebrecht, según lo informado por Hamilton Castro.
De acuerdo a lo confirmado por Castro, la constructora brasileña pretendía que no se abra investigación alguna sobre los proyectos que tenía a su cargo en el Perú.
“Pese al acuerdo preliminar de colaboración eficaz suscrito el 4 de enero de 2017 se abrieron investigaciones a cargo del Equipo Especial, a partir de información entregada por la empresa o bajada de internet en las siguientes casos: “Metro de Lima” (inicio de investigación el 19 de enero del 2017 contra la empresa, permaneciendo desde entonces en tal condición). Uso del acuerdo con la justicia de Estados Unidos”, se indica.
Pero Odebrecht tampoco quería que la justicia peruana siga indagando en obras como la “Carretera Interoceánica Sur” (se abrió investigación a partir de la información brindada por la peticionaria y sus ejecutivos y exejecutivos en el acuerdo preliminar de lenidad), “Vía Costa Verde Callao”, “Avenida Evitamiento del Cusco” (se abrió investigación a partir de información brindada por la peticionaria y sus efectivos en el acuerdo de unidad del Perú la misma que fue utilizada contra la compañía).
Incluso la empresa llegó a decir a las autoridades brasileñas que existía “falta de comunicación y coordinación entre las propias autoridades peruanas, en alusión al acta fiscal de fecha 8 de junio del 2018 de preservación documental suscrita por Odebrecht y el Equipo Especial, pese a lo cual el órgano jurisdiccional a pedido del fiscal de lavado de activos, José Castellanos, ordenó una medida de registro e incautación”.
La transnacional brasileña tampoco quería que toquen los documentos de la empresa Polysistemas, que brinda servicio de almacenamiento documental a Odebrecht.
Odebrecht también se refirió a su proyecto estrella “Gasoducto Sur Peruano”, y por eso se quejó por la incautación de los teléfonos celulares de Marcelo Bahía Odebrecht, y mencionó al acuerdo de lenidad celebrado por la empresa para atribuir la responsabilidad penal sin que se haga ninguna restricción en la condición de colaboradora, en referencias a otras delaciones, como de Rogelio Santos de Araujo y Luis Antonio Mameri.
En su defensa, Hamilton Castro dijo lo siguiente al referirse al Gasoducto Sur Peruano.
CERRAZÓN: “Una primera cuestión que debe ser destacada es que el proyecto Gasoducto Sur Peruano no ha sido sometido por Odebrecht ni por exfuncionarios de la empresa a la colaboración eficaz ante el Ministerio Público peruano. Esto significa que si la Fiscalía encuentra elementos no proporcionados por la empresa o por sus funcionarios, que permitan estructurar una investigación penal, es su deber constitucional hacerlo y en ese ámbito no existe deber de protección alguna, pues no se trata de delitos cuya comisión haya confesado sino que, por el contrario, soporta de parte de la empresa y sus exfuncionarios un alegato de inocencia”, dijo.
Añade que la empresa y sus exfuncionarios decidieron defenderse en dicha investigación, pues consideran que en ese proyecto no pagaron sobornos a funcionarios peruanos ni se coludieron con ellos.
A pesar de la queja de la empresa ante el Ministerio Público brasileño, la Fiscalía peruana no retrocedió en su decisión de no solicitar al Poder Judicial la adopción de medidas cautelares, es decir aquellas que no se encuentren dentro del ámbito de legitimidad y competencia, contra las empresas del grupo Odebrecht, a partir de la suscripción del convenio preliminar y durante su vigencia.
¿En qué estado está o en qué quedó el caso? A ver si los fiscales del caso nos sacan de nuestra ignorancia.
Cláusula anticorrupción: No ha pasado mucho tiempo para que los observadores como Manuel Romero Caro y César Gutiérrez Peña encuentren la razón para la negativa de Odebrecht a informar sobre ilícitos en el gasoducto. Y es que es el único, de alrededor de 76 proyectos ejecutados, que tiene cláusula anticorrupción. Aceptar sobornos con tal cláusula sería letal: perderían todo, incluido los arbitrajes en el exterior.
CASO GASODUCTO NO ERA NUEVO: La investigación sobre presuntos hechos de corrupción en el Gasoducto Sur Peruano (GSP) que estuvo en manos de la empresa brasileña, se ha venido efectuando mucho antes de que el Poder Judicial homologue el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht. Por ello resulta inexplicable que el Equipo Especial Lava Jato haya creído la versión de los representantes de la constructora cuando señalaban que no habían pagado coimas por esa obra.
El 2 de noviembre del 2017, Javier López Romaní, entonces fiscal provincial de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, le envía a Hamilton Castro, titular del Equipo Especial del caso Lava Jato, el informe Nº 02-2017-FSUPRAPEDCF-MP-FN/8ºDE-JELR, en el que se hace referencia a las anotaciones sobre el Gasoducto obtenidas del teléfono de Marcelo Odebrecht y compartidas por la justicia brasileña.
“En cuanto a las expresiones “Perú (gas como oportunidad de aproximación/alineación tú farm out PB”, “Perú (gas como oportunidad de aproximación /alineación tú farm out PB”, “Perú, ¿Ruta del Sol?” y “Cash Angola y Perú”, debe precisarse que en cuanto a Humala se investiga el caso 12-2017, referido a una presunta concertación entre funcionarios de su Gobierno con los representantes de la empresa Odebrecht en el proyecto Gasoducto del Sur”, señala López Romaní.
Añade que dada la condición de su condición de expresidente, el despacho fiscal donde se originó esta investigación, ha procedido conforme a lo establecido en el artículo 99 de la Constitución y del Código Procesal Penal.
“En cuanto a las expresiones que se precisan como información compartida, debemos señalar que la expresión “Perú (gas como oportunidad de aproximación/alineación tú farm out PB”) podría estar vinculada al interés de la empresa Odebrecht en el proyecto Kuntur o Gasoducto, no pudiéndose precisar con mayor detalle a cuál de los proyectos antes mencionados estaría relacionada, al no tenerse la fecha en la que se emitió dicho mensaje, a fin de contextualizarlo”, indica.
En ese sentido, agrega que independientemente de qué proyecto se trata, “podría configurar un indicio del interés de la empresa Odebrecht respecto de esos proyectos los cuales forman parte del objeto de investigación en el caso Nº 12-2017”.
Es por eso que el fiscal sugiere que, vía cooperación internacional, se recabe la declaración de Marcelo Odebrecht para que aclare y explique el contexto de dicha anotación.
