La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, enfrenta una nueva y más severa acusación por parte del equipo especial Lava Jato. El fiscal José Domingo Pérez ha solicitado 35 años de prisión efectiva por los presuntos delitos de organización criminal, lavado de activos y falsedad genérica. Esta acusación se relaciona con los aportes supuestamente ilícitos recibidos durante sus campañas presidenciales de 2011 y 2016. La nueva solicitud fiscal representa un incremento respecto a la pena anterior de 30 años, en un caso que marca uno de los procesos de corrupción más mediáticos en el país.
El proceso ha ingresado a la etapa de control de acusación, una fase clave previa al juicio oral, en la que el Poder Judicial debe evaluar la consistencia del expediente fiscal. Sin embargo, el abogado penalista Javier Aguirre advirtió que esta etapa podría demorar varios años. “La vez pasada duró casi dos años y medio ese control de acusación. Esperemos que no dure todo ese tiempo ahora”, señaló. Además, indicó que si el documento fiscal presenta fallas similares a versiones anteriores, un juez podría rechazarla de forma inmediata.
Uno de los principales cambios en esta nueva acusación es la drástica reducción de imputados. Mientras que el expediente anterior incluía a más de 40 personas, esta vez el Ministerio Público ha limitado su acusación a 14 personas naturales y dos jurídicas, con el objetivo de evitar audiencias extensas y procesos dilatados. No obstante, entre los implicados aún figuran Mark Vito, Pier Figari y Ana Herz de Vega, presuntos integrantes de la red que habría canalizado los aportes ilegales de Odebrecht.
Pese a la gravedad de la acusación, Keiko Fujimori no se ha pronunciado públicamente. Quien sí lo hizo fue su abogada, Giuliana Loza, aunque sin brindar detalles sobre la estrategia legal que adoptarán. En paralelo, Fujimori mantiene actividad en redes sociales y continúa publicando contenido en su canal de YouTube, mientras el país sigue atento al desarrollo de un caso que ha marcado la política nacional durante la última década.
A la espera de que el Poder Judicial defina si la acusación pasa a juicio oral, la incertidumbre persiste. El proceso podría extenderse por años, a menos que haya un cambio en la dinámica procesal. La opinión pública y diversos sectores políticos siguen atentos a lo que podría ser uno de los juicios más largos y trascendentales en la historia reciente del Perú.
