La congresista Rosangella Barbarán (Fuerza Popular) lanzó duras críticas contra el fiscal José Domingo Pérez, a quien responsabilizó por el manejo del caso de Keiko Fujimori y por la falta de resultados en torno a la colaboración eficaz del fallecido exgerente municipal José Miguel Castro. A través de sus redes sociales, Barbarán calificó al fiscal como un «demente» y cuestionó su labor en el Ministerio Público y dentro del Equipo Especial Lava Jato.
“Ojalá la muerte de José Miguel Castro se investigue con rigurosidad porque el descaro del fiscal ‘demente’ no tiene límites. ¿Cuántos años puede vulnerar el debido proceso? ¿Cuántas veces puede presentar mal una acusación? ¿Cuánto dinero gana mientras hace un pésimo trabajo?”, escribió la legisladora en su cuenta oficial, generando controversia por sus declaraciones.
José Miguel Castro, quien fue gerente municipal durante la gestión de Susana Villarán, era considerado un aspirante clave a colaborador eficaz. De acuerdo con la teoría fiscal, Castro habría recibido dinero ilícito de las constructoras OAS y Odebrecht para financiar campañas municipales de 2013 y 2014. Días antes de su fallecimiento, se había reunido con el fiscal José Domingo Pérez, lo que ha generado preguntas sobre la posibilidad de que su testimonio hubiera tenido impacto en otros procesos judiciales en curso.
En paralelo, el Poder Judicial declaró nulo el auto de enjuiciamiento del caso ‘Cócteles’, investigación en la que Keiko Fujimori y varios miembros de su entorno son procesados por presunto lavado de activos. Esta decisión, tomada por el Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria, devuelve el caso a la etapa de control de acusación, obligando al Ministerio Público a replantear los elementos probatorios que sustentan su acusación.
Desde Fuerza Popular, los cuestionamientos hacia el fiscal José Domingo Pérez han sido constantes, especialmente por el tiempo y los errores procesales en casos de alto perfil como el de Keiko Fujimori. La defensa de la lideresa fujimorista ha reiterado que se están vulnerando derechos fundamentales y piden una actuación más imparcial del sistema de justicia. Mientras tanto, el Ministerio Público deberá reformular sus argumentos para continuar el proceso legal.
