La congresista de Fuerza Popular, Martha Moyano, se pronunció tras el rechazo al pedido de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, quien solicitó que se declare la nulidad de los procedimientos aplicados por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales en 23 denuncias ya archivadas. La legisladora fujimorista consideró que la titular del Ministerio Público no tiene facultades para intervenir en procesos parlamentarios que ya fueron concluidos.
En declaraciones a la prensa, Moyano explicó que en el procedimiento de acusación constitucional no existe la figura de nulidad, por lo que el pedido de Espinoza demostraría un desconocimiento de las reglas que rigen el Congreso. “Ni siquiera la fiscal de la Nación puede pedir revisar lo que ya se decidió”, afirmó la parlamentaria, al remarcar que las decisiones adoptadas por el Legislativo deben ser respetadas en su integridad.
La congresista también advirtió que aceptar la solicitud de la fiscalía implicaría desconocer la autonomía del Congreso y convertirlo en una instancia revisora de sí mismo, lo cual —según dijo— no corresponde. “Quería enmendar la plana al Congreso, y eso no corresponde”, enfatizó Moyano, agregando que el pedido resultaba improcedente y sin sustento en el reglamento interno.
Asimismo, Moyano precisó que la fiscal de la Nación tiene la posibilidad de mostrar su disconformidad cuando una denuncia no prospera y, en ese escenario, acudir a las instancias que correspondan. Sin embargo, subrayó que no puede solicitar la nulidad de procesos completos ya resueltos en el Parlamento, ya que únicamente los congresistas o los directamente agraviados tienen facultad para presentar denuncias constitucionales.
Finalmente, como integrante de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Moyano recalcó que el Parlamento debe ceñirse estrictamente a sus competencias. En ese sentido, rechazó el intento de Espinoza al considerar que sentaría un precedente riesgoso al permitir que una autoridad del Ministerio Público intervenga en decisiones parlamentarias. “Lo que se buscaba era que el Congreso anule procesos como si fueran resoluciones judiciales, y eso no es posible”, sentenció la legisladora.
