El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, ha planteado que los 67 centros penitenciarios del Perú sean controlados por la Policía Nacional del Perú (PNP) con el objetivo de reducir las extorsiones que se originan desde las cárceles. Según Santiváñez, «muchas de las extorsiones salen de los propios establecimientos» y se ha recomendado la identificación de los líderes dentro de los penales para su traslado a Challapalca.
El jefe del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe), Javier Llaque, respaldó la propuesta y recordó que en el pasado la Policía asumió el control de los penales, aunque luego esa responsabilidad fue devuelta a su sector. «Creo que es fundamental hacer un trabajo conjunto con la Policía. Son nuestros aliados y actuamos de inmediato ante cualquier alerta sobre actividades delictivas desde los penales», destacó Llaque.
En otro contexto, Santiváñez se refirió al caso del sicariato contra Fanny Hernández, abogada del Inpe, indicando que la Policía ha identificado al autor intelectual del ataque, quien se encuentra encarcelado.
La situación penitenciaria en Perú es crítica. A fines de 2023, el ministro de Justicia, Eduardo Arana, anunció la aprobación de un proyecto de ley para combatir el hacinamiento en las cárceles, respaldado por una sentencia del Tribunal Constitucional que establece el cierre temporal de los penales que no cumplen con las condiciones adecuadas en un plazo de dos años. Esta norma también busca beneficiar a los reos con buena conducta, especialmente aquellos que hayan cometido delitos menores, para así aliviar la sobrepoblación en los establecimientos penitenciarios.
