El ministro de la Producción, José Incio Sánchez indicó que el presidente de la República, Pedro Castillo “no se preocupa” ante una eventual vacancia presidencial por parte del Congreso. Asimismo, precisó que el Ejecutivo está convencido que la ley que regula la cuestión de confianza es inconstitucional.
Ante la aprobación por insistencia de la ley, referidos a la cuestión de confianza, el Gobierno anunció que presentará una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.
“Sí, es una decisión del Consejo de Ministros (presentar la demanda de inconstitucionalidad). Apoyamos firmemente al presidente (Pedro Castillo), él no tiene ninguna intención, no tiene ningún propósito, no se preocupa por la vacancia, se preocupa por el país. Y cada uno de nosotros también estamos preocupados para que el país salga adelante, junto con la reactivación económica que estamos emprendiendo, eso es lo que falta, parece, que se comprenda por parte del Legislativo. El Legislativo debería contribuir”, señaló Sánchez en entrevista con Canal N.
En ese sentido, el titular de Produce remarcó que el Ejecutivo se encuentra convencido que la norma, aprobada por mayoría en el Congreso, es “inconstitucional”.
“Se está presentando ante el Tribunal Constitucional, es lo que corresponde dado que estamos convencido que es inconstitucional, dijo.
Cabe recordar, el Pleno del Congreso aprobó con 79 votos a favor, 43 en contra 43 y 3 abstenciones la dictamen de insistencia que regula los escenarios para aplicar la cuestión de confianza, norma impulsada desde la Comisión de Constitución, encabezada por Patricia Juárez de Fuerza Popular.
“La facultad que tiene un ministro y la del presidente del Consejo de Ministros a nombre del Consejo, de plantear una cuestión de confianza conforme al último párrafo del artículo 132 y al artículo 133 de la Constitución Política del Perú, está referida a materias de competencia del Poder Ejecutivo relacionadas directamente a la concreción de su política general de gobierno, no encontrándose, entre ellas, las relativas a la aprobación o no de reformas constitucionales ni las que afecten los procedimientos y las competencias exclusivas y excluyentes del Congreso de la República o de otros organismos constitucionalmente autónomos”, se lee en la norma oficializada, este jueves 21.
