El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, anunció la aprobación de un decreto de urgencia para iniciar la privatización progresiva de los penales en el Perú, comenzando por aquellos que presentan los mayores problemas de seguridad. Esta medida responde a la incapacidad del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) para resolver deficiencias estructurales que persisten desde hace más de una década.
El anuncio fue realizado durante su presentación ante la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso, el miércoles 30 de abril, donde Arana abordó las acciones que viene ejecutando su sector para mejorar la seguridad penitenciaria. Esto, en un contexto de creciente preocupación pública, especialmente tras la reciente fuga de un recluso del penal de Lurigancho.
Se busca inversión privada en penales críticos
“El sistema de ingreso a los penales será privatizado. En los próximos días aprobaremos un decreto de urgencia que permitirá convocar a la inversión privada para que tome el control de los centros penitenciarios con mayores riesgos”, afirmó el ministro. Según explicó, la medida contempla un concurso público para que empresas privadas asuman el manejo de sistemas de seguridad como body-scan y rayos X, los cuales han funcionado deficientemente bajo la administración del Inpe.
Arana enfatizó que esta decisión se toma luego de constatar que el Inpe no ha logrado implementar mejoras sustanciales pese a contar con años de gestión. “Estamos hablando de más de 10 años con los mismos problemas, y ya no podemos seguir esperando”, añadió.
Reforma legal en camino
Además del decreto de urgencia, el titular del Minjusdh informó que su cartera presentará un proyecto de ley para modificar la normativa penal, con el fin de fortalecer las acciones de inteligencia e investigación del delito dentro de los establecimientos penitenciarios.
La propuesta de privatización de penales ha generado reacciones divididas en el Congreso, donde algunos parlamentarios expresaron su respaldo como una medida urgente frente al colapso del sistema penitenciario, mientras que otros advirtieron sobre el riesgo de convertir la seguridad en un negocio.
