Rodeado de los gobernadores de la Macrorregión Sur, el Presidente Vizcarra lanzó un nuevo embate contra el ex fiscal de la Nación, Gonzalo Chávarry: “Queremos manifestar a nombre del Poder Ejecutivo nuestro malestar y nuestro rechazo (…) al blindaje que ha cometido el Congreso de la República. No puede ser que una vez más se ha blindado y exculpado de una investigación sobre organización criminal al fiscal supremo, el señor Chávarry. No solamente ello, sino que el Congreso ha determinado que continúa en sus funciones cuando ha sido la propia investigación del Ministerio Público y de congresistas que pedían que se inicie la investigación (…) eso es un blindaje que como Ejecutivo rechazamos enérgicamente”. ¡Plof!
Nunca se ha visto cometer semejante papelón a un Presidente. Vizcarra arremete contra el Legislativo por no concretar el objetivo que persigue hace un año: sacar al fiscal Chávarry. Tanto que sus congresistas adeptos quisieron someter a voto la acusación por organización criminal, desechada en todas las instancias previas. Un caballazo que no funcionó. No sabemos si esta guerra a muerte termina acá.
Para nadie es un secreto que el Presidente quiere exterminar a Chávarry porque no pasó por agua tibia las numerosas investigaciones que existen en su contra, antes y después de asumir la presidencia. Si no tuviera inmunidad total estaría enfrentando un juicio que probablemente lo llevaría a prisión. El control de la Fiscalía apunta también a investigar a cuanto congresista le sea adverso a sus propósitos.
El Presidente ha injerido groseramente en esta institución, colocando a su Fiscal de la Nación Zoraida Ávalos. Pero toda artimaña tiene problemas. Ávalos y su aliado Pablo Sánchez no tienen mayoría en la Junta de Fiscales Supremos. Son tres contra dos. Esa instancia ya citó a los fiscales Rafael Vela y José Pérez para que expliquen todas las trastadas y omisiones que contiene el acuerdo con Odebrecht.
La fiscal Ávalos retrasa la citación, pero no puede eliminar lo acordado en la Junta de Fiscales Supremos. Encima a Vela y a Pérez les cayó la noche. El procurador anticorrupción, José Ramírez, no está de acuerdo con el pago de 524 millones de dólares a Odebrecht por la venta de la hidroeléctrica de Chaglla. El acuerdo parece irse al tacho.
La Fiscal de la Nación ha organizado a un grupo de fiscales para juzgar a los altos funcionarios, lo lidera la esposa del comandante Harvey Colchado. Obvio que si el caballazo en el Congreso prosperaba, esa maquinaria iba a empezar por Chávarry y seguiría con otros magistrados vinculados al fantasioso caso Los Cuellos Blancos. No hay pruebas, solo colaboradores cuya declaración es deleznable. Los Cuellos Blancos evidencian una tremenda precariedad. Solo están en pie por el dominio del Ejecutivo y sus satélites en la Fiscalía. Más claro que el agua y la nuez.
Fuente: Expreso
