Los cuestionamientos por el proyecto Lomas de Irrigación Ilo, ejecutada en la etapa de gobernador regional de Martín Vizcarra en Moquegua, continúan en el centro del escándalo tras conocerse que lo que sería la obra emblemática de agricultura de la región, se encontraba inoperativa y con un panorama desolador.
Un reportaje del programa ‘Cuarto Poder’, reveló que el sistema que dotaría de agua a 1700 hectáreas de cultivo, se encuentran con construcciones inconexas, válvulas colapsadas y terrenos sin el verdor que debería representar el resultado de esta obra evidencian que no funciona, a pesar de haber sido entregada por el consorcio Obrainsa-Astaldi, a inicios de 2017.
La polémica por el proyecto Lomas de Ilo no solo gira en torno al presunto pago ilegal de 1 millón 300 000 soles al presidente Vizcarra, sino también en la funcionalidad de una obra que al comienzo costaba 80 millones de soles y al final terminó bordeando los 96 millones.
Según se indica en en el informe periodístico, en 2013 el proyecto Pasto Grande firmó contrato con el consorcio Obrainsa-Astaldi para la ejecución del proyecto de irrigación Lomas de Ilo. La misma región había suscrito, en noviembre de ese año, otro contrato por 47 millones y medio de soles con la empresa Plásticos Rival, encargada de proporcionar estas tuberías.
El proyecto consistía en la construcción de una red de 63 kilómetros que llevaría agua desde las zonas altas de Moquegua hasta un reservorio de 22 000 metros cúbicos construido por la región.
De este, una tubería de 17 kilómetros llevaría el agua a 18 parcelas de Lomas de Ilo. El proyecto debió acabarse en menos de un año y demoró más de tres. Se entregó en febrero de 2017, se probó y pese a estar a menos del 10 % de su capacidad, el sistema explotó.
La Contraloría hizo una auditoría al proyecto en 2019 y concluyó que funcionarios del proyecto, incluida Rossmery Silva, concuñada de Vizcarra, modificaron el cronograma de entrega de tuberías debido al incumplimiento de la empresa Plasticos Rival CIA.
Al modificarlo no contravinieron solamente la norma, sino que beneficiaron a la empresa ecuatoriana al no cobrar la penalidad de 4 millones 700 000 soles por incumplimiento.
También sostiene la Contraloría que el expediente técnico y la supervisión de la obra fueron deficientes. Ambos procesos estuvieron a cargo de Asesores Técnicos Asociados (ATA), propiedad de José Hernández, amigo de Vizcarra y exministro de PPK.
Todos los cambios provocaron costos adicionales en las obras y ampliaciones de plazos que terminaron en arbitrajes. Así, Obrainsa-Astaldi presentó 9 arbitrajes cuya pretensión económica ascendía a 25 millones de soles en perjuicio del Estado.
A través de laudos perdidos por el Estado se les ha reconocido ya 17 millones de soles que aún no han sido pagados. Pero 10 millones ya fueron separados del proyecto Pasto Grande para amortizar el pago.
Ahora, los empresarios agrícolas que apostaron por el proyecto temen que su inversión se vaya al tacho. Las investigaciones continúan y como siempre, los principales perjudicados, son los pobladores.
