En menos de diez años, el Congreso peruano ha destituido a tres presidentes utilizando una figura constitucional tan polémica como poderosa: la vacancia por “incapacidad moral permanente”. Este mecanismo, concebido originalmente como una medida excepcional, se ha convertido en el principal instrumento de control político en el país, generando una inestabilidad crónica que ha marcado la vida democrática del Perú.
La vacancia presidencial está regulada por el artículo 113 de la Constitución de 1993, que contempla cinco causales para declarar el cargo vacante. Entre ellas, la más controvertida es la “incapacidad moral o física permanente” del mandatario, una fórmula ambigua que otorga al Congreso un amplio margen de interpretación. A diferencia de las demás causales —como la muerte, la renuncia o la condena judicial—, la incapacidad moral carece de parámetros objetivos, lo que la convierte en una herramienta eminentemente política y sujeta a coyunturas.
Este vacío ha generado constantes tensiones entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Para los constitucionalistas, la vacancia por incapacidad moral opera más como una sanción ética o política que como un juicio jurídico. El jurista Víctor García Toma sostiene que debe aplicarse solo cuando la conducta presidencial atente gravemente contra la dignidad del cargo; sin embargo, otros expertos, como Mario Castillo Freyre, advierten que su uso responde, en la práctica, a correlaciones de poder y conflictos entre facciones parlamentarias.
El procedimiento está regulado por el artículo 89-A del Reglamento del Congreso. Requiere una moción firmada por el 20 % de los legisladores y el voto favorable del 40 % para ser admitida. Luego, el pleno debate el pedido, otorgando al presidente la posibilidad de defenderse, y finalmente decide con una mayoría calificada de dos tercios (87 votos). En la práctica, este mecanismo ha sido utilizado reiteradamente como una forma de presión política, consolidando al Congreso como un actor con capacidad real de veto sobre el Ejecutivo.
En los últimos años, el Perú ha visto caer a Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Pedro Castillo y, más recientemente, Dina Boluarte, todos destituidos o forzados a renunciar bajo acusaciones vinculadas a la incapacidad moral. Los motivos han variado —desde corrupción y sobornos hasta intentos de golpe de Estado o inacción ante la inseguridad—, pero en todos los casos el desenlace ha sido el mismo: la interrupción del mandato presidencial. Esta práctica, exclusiva en la región, ha convertido la vacancia en un símbolo de la fragilidad institucional peruana, donde los presidentes gobiernan bajo la constante amenaza de ser removidos por razones más políticas que legales.
