La Corte Superior de Justicia Penal Nacional designó a los jueces Nayko Coronado Salazar, Raúl Caballero Laura y Max Vengoa Valde Iglesias para el juicio del caso Cócteles, en el que se acusa a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y a otras 38 personas de presuntos delitos de organización criminal, lavado de activos, obstrucción a la justicia y falsa declaración en procedimiento administrativo.
Los magistrados conforman el Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional, el mismo que actualmente lleva el juicio al expresidente Ollanta Humala, Nadine Heredia y excolaboradores del Partido Nacionalista Peruano, por presunto lavado de activos en los aportes de campaña del 2006 y 2011.
El juicio a Keiko Fujimori se acerca, luego de que el 30 de noviembre del 2023, el juez de investigación preparatoria Víctor Zúñiga Urday dictara el auto de enjuiciamiento al declarar saneada la acusación y establecer la validez de las pruebas y la argumentación que sustentará el juicio.
Sin embargo, el inicio del juicio público podría demorar unos meses, probablemente más allá de abril del 2024, debido a la recargada agenda de trabajo del Juzgado Colegiado, que deberá recibir y revisar el voluminoso expediente del caso.
Además, hay una serie de cuestiones que aún están pendientes de apelación en la Corte Suprema y que deberían tener una definición antes de que comiencen las audiencias del juicio público.
Según la acusación del fiscal José Domingo Pérez, del equipo especial Lava Jato, Keiko Fujimori y la cúpula de Fuerza Popular habrían recibido aportes de procedencia ilícita de Odebrecht y de empresarios peruanos que habrían cometido fraude en la administración de sus empresas, en las campañas políticas del 2011 y 2016.
Posteriormente, habrían organizado un complejo esquema de falsos aportantes y eventos partidarios –los cócteles y cenas– para dar apariencia de legalidad e introducir el dinero a la contabilidad legal del partido Fuerza Popular.
Además, parte del dinero se habría utilizado en beneficio propio.
Entre los acusados se encuentran la propia abogada de Keiko Fujimori, Giuliana Loza, y otros juristas, así como las personas jurídicas MVV Bienes Raíces SAC, de Mark Vito Villanella, y el partido Fuerza Popular, antes Fuerza 2011.
También se resolverá la situación jurídica de siete personas que se acogieron a colaboración eficaz.
Se espera un proceso muy complejo y engorroso, tanto por el número de implicados, medios probatorios y argumentos jurídicos de la acusación con los que los acusados no quedaron conformes, durante las audiencias de control de acusación.
El tribunal que preside la jueza Nayko Coronado tiene experiencia en el caso Lava Jato, pues dictó la primera sentencia del caso en el Perú, al condenar a ocho años de prisión al exgobernador de Áncash César Álvarez, por los pagos realizados por Odebrecht.
