Juliaca vive una crisis sanitaria que se arrastra desde hace más de cuatro décadas. Sin acceso a servicios básicos de agua y desagüe, unos 300 mil habitantes siguen utilizando silos para sus necesidades fisiológicas. En las 217 urbanizaciones afectadas se estima la existencia de cerca de nueve mil de estas estructuras, algunas incluso instaladas dentro de viviendas y edificios, lo que ha provocado contaminación de aguas subterráneas y un deterioro severo de las condiciones de vida.
Roxana Vilca Roque es uno de los rostros visibles de esta realidad. Desde hace doce años reside en la salida noroeste de Juliaca, camino a Cusco, y como miles de familias, depende de un silo debido a la ausencia total de servicios higiénicos. La situación refleja la precariedad extrema que soportan los ciudadanos de la conocida “ciudad calcetera”, quienes desde hace décadas esperan la ejecución de un proyecto integral de saneamiento.
Sin embargo, el plan diseñado para resolver esta emergencia quedó paralizado durante el gobierno de Pedro Castillo, debido a presuntos actos de corrupción. Un audio reveló que Salatiel Marrufo, asesor del entonces ministro de Vivienda, Geiner Alvarado, coordinaba con el empresario Zamir Villaverde la repartición de beneficios en torno al millonario proyecto. Según Crisóstomo Benique Apaza, expresidente del comité de agua y desagüe de Juliaca, sin esta interferencia la obra ya tendría al menos un 30% de avance.
El Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU) precisó que en 2022 la licitación iba a ser gestionada por la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops), pero el proceso se detuvo y actualmente está en manos de empresas privadas contratadas por el Ministerio de Vivienda. Por ahora solo se ejecuta el primer componente del proyecto, que consiste en la ampliación de redes de desagüe para 500 familias en las salidas a Lampa, Cusco, Arequipa y Puno, con fecha de entrega prevista para el 20 de diciembre de 2025.
Los componentes restantes —que incluyen la construcción del sistema de agua potable, el mejoramiento del alcantarillado y la ampliación de las redes principales— aún no han sido licitados. La obra completa demandará una inversión de 1,700 millones de soles y beneficiará a 370 mil personas. Ante los prolongados retrasos, los dirigentes locales advierten que la ejecución debe ser paralela y acelerada, pues la población ya anunció una marcha de protesta ante el riesgo de que la crisis sanitaria continúe prolongándose.
