El juicio contra el expresidente Pedro Castillo por el fallido golpe de Estado dio un giro inesperado. La Sala Penal Especial de la Corte Suprema anunció que podría apartarse de la acusación fiscal por rebelión y, en cambio, considerar que los hechos se ajustan al delito de conspiración para la rebelión, lo que implicaría una pena menor. La decisión también alcanzaría a los exministros Betssy Chávez, Aníbal Torres y Willy Huerta.
Los jueces supremos Norma Carbajal Chávez y José Neyra Flores explicaron que este cambio se ampara en el artículo 374 del Código Procesal Penal, que faculta a la Sala Penal a aplicar la llamada “desvinculación procesal”. Según detallaron, esta figura no reemplaza la acusación de la Fiscalía, pero permite incorporar una nueva calificación jurídica: conspiración para la rebelión.
Carbajal precisó que la medida amplía el debate legal y permite al tribunal optar por mantener la acusación de rebelión, recalificarla como conspiración o incluso absolver a los acusados si no se logra acreditar responsabilidad penal. El juez Iván Guerrero López, sin embargo, votó en contra de esta desvinculación.
El anuncio generó reacciones inmediatas. El abogado de Betssy Chávez, César Romero Valdez, calificó la medida como un “adelanto de opinión” y adelantó que pedirá la nulidad del proceso, aunque este recurso no tendría efecto. En tanto, el fiscal adjunto supremo Edward Casaverde solicitó un plazo de cinco días para responder, señalando que la decisión corresponde a la fiscal suprema Zoraida Ávalos.
La Fiscalía solicitó inicialmente 25 años de cárcel para Castillo por rebelión, además de condenas adicionales por abuso de autoridad y grave perturbación. Sin embargo, si se recalifica a conspiración, la pena máxima por este delito sería de 10 años, lo que reduciría una eventual sentencia a un total de hasta 19 años de prisión al sumarse los otros cargos.
