El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 admitió a trámite la fórmula presidencial del partido Perú Primero para las Elecciones Generales 2026, que incluye como candidato a la Presidencia de la República a Mario Enrique Vizcarra Cornejo, hermano del expresidente Martín Vizcarra, pese a que el postulante declaró una condena por delitos de corrupción en su hoja de vida presentada ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
Según la Declaración Jurada de Hoja de Vida, Mario Vizcarra consignó que en el año 2005 fue sentenciado por el delito de peculado, información que no fue observada en la etapa de admisión a trámite de la fórmula presidencial por parte del JEE.
La resolución del JEE Lima Centro 1 dispone admitir la candidatura y ordenar su publicación en el portal institucional del JNE, abriendo así el periodo legal de tachas por tres días, durante el cual cualquier ciudadano u organización política puede presentar impugnaciones sustentadas.
El caso ha generado controversia jurídica y política, ya que la Ley N.º 30717, que modificó la Ley Orgánica de Elecciones, establece impedimentos para postular a la Presidencia y Vicepresidencias de la República a personas condenadas por delitos dolosos, incluyendo peculado y corrupción de funcionarios, incluso cuando hayan sido rehabilitadas.
No obstante, especialistas señalan que el debate gira en torno a la aplicación temporal de la norma, la naturaleza de la sentencia, así como a los criterios de ejecutoriedad, rehabilitación y vigencia del impedimento, aspectos que podrían ser evaluados tanto en sede electoral como judicial.
La resolución del JEE precisa, además, que conforme a las consultas realizadas a los registros oficiales, los integrantes de la fórmula presidencial no registran antecedentes penales vigentes, lo que será materia de fiscalización posterior dentro del proceso electoral.
Con la admisión a trámite, Perú Primero ingresa formalmente a la siguiente etapa del proceso, quedando la candidatura de Mario Vizcarra sujeta a posibles tachas y recursos que podrían definir su permanencia en la contienda presidencial de 2026.
El caso reabre el debate sobre los límites legales para postular, la responsabilidad de los órganos electorales y la necesidad de claridad normativa en materia de impedimentos por corrupción, en un escenario electoral marcado por la exigencia ciudadana de transparencia y probidad.
