Los integrantes del Congreso de la República disuelto constitucionalmente el 30 de setiembre perderán su inmunidad parlamentaria a partir de la próxima semana.
Según el artículo 93 de la Constitución, los legisladores «no pueden ser procesados ni presos sin previa autorización del Congreso o de la Comisión Permanente, desde que son elegidos hasta un mes después de haber cesado en sus funciones».
Dicho plazo se cumplirá el miércoles 30 de octubre, considerando que el Parlamento cesó funciones el último día de setiembre, a través de un decreto supremo publicado en una edición extraordinaria de las Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.
Solo los integrantes de la Comisión Permanente, al seguir en funciones hasta los comicios congresales del 2020, conservan su inmunidad. Luego de ello también la perderán.
El Poder Ejecutivo dispuso la disolución del Congreso de la República por haber negado la confianza a dos Consejos de Ministros del gobierno elegido para el periodo 2016-2021, manteniéndose en funciones la Comisión Permanente.
Los casos de Ponce, Mamani y Ananculí
Los exlegisladores Yesenia Ponce (PpK), Betty Ananculí y Moisés Mamani (ambos de Fuerza Popular) tienen dos cosas en común.
Vienen siendo investigados por la Fiscalía por presuntamente haber cometidos delitos antes del ejercicio de su función (2006), así como no forman parte de la Comisión Permanente, que podría haber sido su salvavidas por unos meses, como explicaremos más adelante.
En el caso de Ponce, el Poder Judicial pidió al Congreso que se le levante la inmunidad parlamentaria para que pueda ser procesada por presuntamente haber mentido en su hoja de vida que presentó ante el JNE; sin embargo, el Pleno nunca aprobó la solicitud.
La situación de Mamani y Ananculí es similar. Ambos son investigados por presuntamente haber mentido en su hoja de vida respecto a sus estudios.
