El próximo 29 de septiembre a partir de las 10 de la mañana, el Sexto Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Lima evaluará la acción de amparo que presentó el Instituto de Defensa Legal (IDL) para pedir que no se aplique a ellos la ley que faculta a la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) a fiscalizar a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG).
El Poder Judicial (PJ) anunció que el recurso presentado por el IDL había sido admitido con una publicación en su cuenta oficial en la red social X (antes Twitter) en la que se refería a la norma como la “Ley Anti ONG”, lo que en opinión del abogado Enrique Ghersi podría poner en tela de juicio la imparcialidad con la que se resolverá esta controversia.
“Claramente, se está cometiendo una infracción contra el principio de neutralidad. Se puede entender que la Oficina de Comunicaciones del PJ no es necesariamente el juez, pero sí revela una inconducta muy delicada, porque si esta oficina que habla oficialmente a nombre del PJ califica un hecho, que es materia de un proceso, es claramente una inconducta”, sostuvo el jurista en diálogo con Perú21.
EL AMPARO DEL IDL
El abogado Carlos Rivera, del IDL, explicó a este diario que su organización presentó el recurso porque consideran que la norma es inconstitucional, ya que obliga a las ONG a pedir la autorización de la APCI antes de ejecutar un proyecto, a pesar de que estas entidades son privadas.
“Además, prohíbe el litigio (de las ONG) en casos contra el Estado en sede nacional e internacional. Si incumples esas disposiciones habrás incurrido en una falta muy grave y eres pasible de una sanción de hasta 500 UIT”, explicó Rivera.
Sin embargo, el expresidente del Tribunal Constitucional (TC), Víctor García Toma, opina lo contrario. “La ley es constitucional porque no violenta ni restringe los principios y valores contemplados en la Constitución. Además, el Estado tiene como responsabilidad el control y la fiscalización, y esto se justifica porque en los últimos años los fondos provenientes del exterior han sido utilizados de manera contraria u opuesta a lo que fueron asignados a estas entidades”, manifestó.
En esa línea, el constitucionalista cuestionó que las ONG usen los fondos de la cooperación internacional para financiar procesos legales contra miembros de la Policía y las Fuerzas Armadas.
“Se trata de una campaña destinada a presentar a estos efectivos como violadores de los derechos fundamentales y perpetradores de crímenes de lesa humanidad y eso afecta la imagen del país y además es una persecución contra personas que prestaron un servicio de defensa contra el terrorismo”, agregó.
A su turno, Ghersi consideró que la norma que faculta a la APCI a fiscalizar a las ONG debe aplicarse para asegurar la transparencia de sus acciones y del uso de sus recursos.
“Las ONG deberían publicar todo, no solo quien financia, sino también cuánto ganan y a qué se dedican, porque son instituciones que tienen fines públicos y tienen el beneficio de no pagar impuestos. A consecuencia de ese beneficio, están sujetas a una fiscalización más fuerte que una empresa común y corriente”, consideró.
DESAFÍO PARA APCI
El exdirector ejecutivo de APCI, Antonio González Norris, señaló que el monitoreo de los proyectos que quieran ejecutar las ONG significará un gran reto para la entidad, ya que actualmente no tienen mecanismos para cumplir esas funciones.
En esa línea, explicó que aunque la norma está vigente, sus efectos aún no se ven materializados porque la complejidad de las tareas que se asignará a APCI dificultan su reglamentación.
“No solo se deberá aprobar el reglamento de la ley (que hasta la fecha no lo hace el Ejecutivo), sino también el Reglamento de Organización y Funciones de la entidad porque van a tener que incorporar a su estructura orgánica la nueva función que esta ley incorpora”, indicó. Esto también llevará a que se contrate más personal en esta entidad.
González Norris se mostró de acuerdo con que la norma obligue a las ONG a registrarse en la APCI, sin embargo, consideró que la Ley 32301 no era necesaria porque la norma anterior ya facultaba a que la entidad fiscalizara a estas organizaciones.
Redacción: Perú 21
