Según informaciones difundidas por Perú 21, una empresa con un impedimento vigente de contratar con el Estado, pero que pese a ello sigue recibiendo millones de soles por contratos. Esa es la beneficiosa situación de Aldem S.A.C., cuyo accionista es el hermano del primer ministro, Aníbal Torres el principal escudero del presidente Pedro Castillo.
En lo que va del año, la empresa de Víctor Antonio Torres Vásquez ha girado tres órdenes de servicio —en enero, mayo y julio— al Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares) por, al menos, S/2′359,200. Pero dos de estas últimas órdenes le fueron desembolsadas cuando ya tenía una sanción.
Además, Perú 21 indica que el pasado 20 de abril, el Tribunal de Contrataciones del OSCE sancionó a la empresa, en primera instancia, con cuatro meses de inhabilitación para contratar con el Estado. El tribunal advirtió que, en setiembre del año pasado, cuando Aldem S.A.C. y Cenares suscribieron un nuevo acuerdo para el alquiler de un local, el apoderado de la empresa ya tenía como hermano a un ministro de Estado: Aníbal Torres; en ese entonces era titular de Justicia.
Perú 21 señala en su informe periodístico que la empresa del hermano de Aníbal Torres apeló esta decisión. Y cinco días después de esta sanción, el Cenares suscribió una adenda con la compañía de Víctor Torres, la cual le ha permitido recibir del Estado más de S/1 millón hasta ahora, y que permitirá que se le siga desembolsando más dinero por lo menos hasta 2023.
La adenda en cuestión, suscrita el 25 de abril, se aplicó a un contrato de alquiler que el Cenares arrastra con la empresa desde 2016. Era la novena adenda que se hacía.
José Gonzáles Clemente, director del Cenares en conversación con el diario Perú 21 alegó que, al momento de hacer esta adenda, no sabía de la sanción en primera instancia emitida por el tribunal y remarcó que la inhabilitación entró en vigencia recién con el pronunciamiento de segunda instancia.
Pero la resolución de segunda instancia del Tribunal de Contrataciones del Estado —dada el 23 de mayo— tan solo confirmó lo resuelto en abril, sancionando a la empresa del hermanísimo con un impedimento para contratar con el Estado por cuatro meses, hasta el 23 de setiembre próximo.
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Fuente: Perú 21 | Beto a Saber