El pedido de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al estado peruano sobre la ley que prescribe los delitos de lesa humanidad, generó el rotundo rechazo de Gustavo Adrianzén, presidente del Consejo de Ministros.
Como se recuerda, el organismo internacional exhortó a los tres poderes del estado a dejar sin efecto este proyecto de ley que beneficiaría a decenas de militares, terroristas y funcionarios de gobiernos anteriores que fueron acusados por este tipo de crímenes.
Gustavo Adrianzén rechazó rotundamente la exigencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos durante su más reciente intervención ante la prensa luego del Consejo de Ministros que se desarrolla todo los miércoles.
El titular del PCM no solo mostró su incomodidad, sino que también dio a conocer de que ha sido ordenado para emitir un pronunciamiento en conjunto con el mandamás del Poder Judicial y del Congreso de la República.
«Absolutamente indignado con lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Decide de la manera más insólita y sin que exista precedente alguno en la jurisprudencia de esa Corte, dictar una medida cautelar contra un proyecto de ley, ni siquiera se ha convertido en ley», inició.
«Resulta intolerable es que llame a los tres poderes del estado, de un estado miembro, absolutamente independiente y soberano, para impedir que ejerza las funciones que constitucionalmente le han sido atribuidas. Se ha tratado el tema en el Consejo de Ministros y se me ha ordenado tomar contacto con el Poder Judicial y Legislativo a efecto de que coordinemos y podamos emitir una respuesta conjunta manifestando el rechazo a este tipo de disposiciones provenientes de la justicia supranacional», añadió.
El pronunciamiento del Premier se da a pocas horas que el Congreso de la República someta a segunda votación esta iniciativa que ha generado polémica. Este jueves 4 de julio, el Pleno tiene pactado el debate y su posterior decisión para decidir su promulgación.
«La imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad y de guerra es un principio del derecho internacional que los Estados tienen la obligación de respetar. Son inadmisibles las disposiciones que impidan la investigación y sanción de los responsables por estos delitos», indicó la Corte el pasado 14 de junio.
