Según un informe difundido por el programa periodístico de “Cuarto Poder”, ocho funcionarios de la gestión edil están siendo investigados actualmente por la Segunda Fiscalía Supraprovincial especializada en delitos de corrupción de funcionarios a raíz de estos hechos.
La Contraloría revelaría que la concesionaria Rutas de Lima (Odebrecht) dejó de hacer obras por US$ 91 millones gracias a una serie de cambios al contrato de concesión suscrito con la Municipalidad de Lima, durante la gestión de Luis Castañeda Lossio.
Hasta ocho funcionarios de la gestión del ex alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, son investigados por algunos acuerdos a los que se llevó a cabo con Rutas de Lima bajo el control de Odebrecht. Estos contratos fueron variados de una manera que favoreció a dicha empresa brasileña.
Esta investigación es por supuestas irregularidades detectadas en el proyecto Vías Nuevas de Lima, inicialmente a cargo del consorcio Rutas de Lima, liderado por empresas del grupo Odebrecht. El asunto de fondo: los supuestos beneficios otorgados a este consorcio en el contrato de concesión del proyecto y que le permitieron millonarias ganancias a lo largo de estos años.
Al tipo de cambio de la época, un millón y medio de dólares son poco más de 5 millones de soles de ganancia adicional neta, fuera de la recaudación regular de los peajes, durante cinco meses del 2017. Eso es lo que habría obtenido, según informe de la Contraloría, el consorcio Rutas de Lima que hizo efectivo en diciembre de 2016 el alza de los peajes de esta concesión de casi 115 km en total, que abarca las panamericanas norte y sur y 29 km de la Ramiro Prialé.
A partir del 2015, la gestión de Castañeda Lossio modificó la naturaleza del contrato inicial. En agosto de ese año, se firmaron acuerdos para modificar los estudios definitivos de ingeniería de obras como el intercambio vial de Buganvillas, que no se realizó, y Benavides.
En el acuerdo de agosto se decidió postergar la ejecución de un proyecto vital como el intercambio Vial Canta Callao y de otras obras en la Panamericana Sur. Y para diciembre, se autorizó la puesta en marcha de la operación de la autopista Ramiro Prialé, así como la modificación del estudio definitivo de ingeniería del intercambio vial del Derby, incluyendo un paso a desnivel en el cruce de las avenidas Derby y Manuel Olguín.
Mientras Odebrecht vendía sus acciones en el consorcio a favor del fondo de inversiones Brookfield, la Municipalidad y el consorcio Rutas de Lima firman otra acta de acuerdo, en donde en calidad de compensación a favor del consorcio y, debido al dinero que se le adeudaba por obras como el puente San Pedro de la gestión de Villarán, se establece el pago escalonado del peaje en toda la operación y la entrada en vigencia del peaje Chillón en sentido sur a norte.
Para entonces, el peaje de vehículos livianos ya costaba 4,50 soles y el pesado 3,50. Para diciembre de ese año, estos subieron a 5 soles y 4,50 soles respectivamente.
La Controlaría sostiene en su informe que el monto total por la suspensión y la modificación de obras alcanzó los 91 millones de dólares. Las compensaciones a favor del concesionario y al margen del contrato, alcanzaron los 44 millones de dólares.
El acuerdo se da en compensación a favor del consorcio, y debido al dinero que se le adeudaba por obras como el puente San Pedro de la gestión de Villarán. Para entonces, el peaje de vehículos livianos pasó de S/4,50 a S/5 y el pesado de S/. 3.50 a S/4.50.
La Controlaría sostiene en su informe que el monto total por la suspensión y la modificación de obras alcanzó un total de US$ 91’945,276.65. Mientras que las compensaciones a favor del concesionario y al margen del contrato alcanzaron los US$ 44’371,828.03.
Fuente: Cuarto Poder
