El Gobierno declaró el estado de emergencia en el departamento de Ica y Arequipa por el término de 60 días calendario. En ambas regiones se han registrado hechos de violencia durante las manifestaciones por la crisis política.
En este periodo quedan suspendidos los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales.
La norma establece que “la Policía Nacional del Perú mantiene el control del orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas”.
El decreto indica que dentro de los cinco días hábiles posteriores al término del estado de emergencia, la Policía Nacional debe presentar al titular del Ministerio del Interior un informe detallado de las acciones desplegadas durante el régimen de excepción y los resultados obtenidos.
“La implementación de las acciones previstas en el presente Decreto Supremo se financia con cargo al presupuesto institucional de los pliegos involucrados”, menciona el artículo 5 de la referida norma legal.
Los decretos supremos están refrendados por el Presidente del Consejo de Ministros, Pedro Angulo; el Ministro del Interior, César Cervantes; el Ministro de Defensa, Alberto Otárola; y el Ministro de Justicia y Derechos Humanos; José Tello. Además, está firmado por la Presidenta de la República, Dina Boluarte.
Red vial en emergencia
El ministro de Defensa, Alberto Otárola, anunció la noche de ayer que se declarará en emergencia la red vial nacional a raíz de las violentas protestas que se vienen registrando al interior del país y que van dejando seis personas fallecidas.
Asimismo, manifestó que se ha dispuesto la inmediata protección, a cargo de las Fuerzas Armadas, en los puntos estratégicos. “Estamos hablando de aeropuertos, centrales hidroeléctricas y todas aquellas infraestructuras que por su valor estratégico sirven para asegurar la vida y la subsistencia de todos los peruanos”, expresó.
