El Fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez, respondió públicamente a las declaraciones de la excongresista y expresidenta del Consejo de Ministros Mirtha Vásquez, quien denunció que la Comisión Permanente del Congreso evaluará su inhabilitación por diez años sin haberle cursado una notificación formal.
A través de sus redes sociales, Gálvez recordó un antecedente ocurrido durante la etapa en que Vásquez presidía el Parlamento, señalando que ella aprobó una acusación constitucional en su contra sin notificarlo, en un contexto particularmente crítico para su salud.
“Ella aprobó acusación en mi contra sin notificarme y mientras estaba en UCI del hospital Almenara con COVID luchando por mi vida”, escribió el Fiscal de la Nación.
La controversia se intensificó luego de que Mirtha Vásquez alertara que la Comisión Permanente tiene previsto evaluar este lunes 29 de diciembre el informe final de una denuncia constitucional que recomienda su inhabilitación por una década, pese —según afirmó— a no haber recibido ninguna comunicación oficial por parte del Congreso.
En una entrevista concedida a La República, la excongresista calificó la situación como “extraña y preocupante”, al considerar que el debate fue agendado sin que se haya verificado previamente una notificación válida, lo que —sostuvo— vulneraría el debido proceso parlamentario.
“Yo me he enterado por las redes sociales que mi caso está agendado para el día 29, pero no he recibido notificación alguna”, señaló.
Vásquez indicó además que no cuenta actualmente con defensa técnica ni abogado, precisamente porque no fue notificada formalmente, y advirtió que los días feriados dificultan la preparación de una estrategia legal adecuada.
La exlegisladora también cuestionó la celeridad con la que se estaría impulsando el proceso, recordando que la denuncia fue presentada en 2021 por el expresidente Manuel Merino y permaneció sin mayores avances durante varios años. Sin emitir acusaciones directas, advirtió que la reactivación del caso coincide con el anuncio de posibles candidaturas, lo que podría impedir su participación política futura.
“No quiero especular, pero resulta demasiado coincidente que se acelere justo cuando se ha anunciado una candidatura”, afirmó.
El intercambio de declaraciones ha reavivado el debate sobre el respeto al debido proceso, la imparcialidad de los procedimientos parlamentarios y el uso de las inhabilitaciones políticas en un contexto preelectoral marcado por tensiones entre instituciones.
