Un reciente informe de la Contraloría General de la República reveló una grave omisión en la compra de armamento anunciada por el Gobierno. Los más de 700 fusiles de asalto adquiridos por el Ministerio del Interior (Mininter) durante la gestión de Juan José Santiváñez, y presentados públicamente por la presidenta Dina Boluarte como parte de una estrategia contra la inseguridad, no pueden ser utilizados debido a la falta de municiones.
El pasado 8 de mayo, la presidenta Boluarte encabezó una ceremonia en la que se mostró el primer lote de fusiles adquiridos para la Policía Nacional del Perú (PNP), resaltando que estos armamentos formarían parte del fortalecimiento de la institución policial. “Contaremos con más de 7 mil nuevos fusiles de alta calidad”, aseguró la mandataria. Sin embargo, pese a la millonaria inversión de más de 89 millones de soles, las armas permanecen inutilizadas.
Según el informe de la Contraloría, ninguno de los 700 fusiles entregados cuenta con las municiones necesarias para su uso operativo. Aunque se adquirieron más de 110 mil unidades de balas calibre 5.56 x 45 mm, estas fueron destinadas exclusivamente a pruebas de campo, no a operativos reales. Por ahora, las armas permanecen almacenadas en un depósito policial en el Rímac.
La compra del armamento fue encargada a la empresa estatal FAME S.A.C. y se ejecutó bajo la gestión del exministro Santiváñez. El informe también señala que el costo de la adquisición superó en más del 40% lo inicialmente previsto y que no se realizaron gestiones paralelas para adquirir las municiones necesarias. “No contar con stock de municiones para su operación pone en riesgo el cumplimiento de la finalidad pública”, advirtió la Contraloría.
De esta manera, el informe pone en tela de juicio la efectividad de la estrategia de seguridad del Ejecutivo, revelando que más de 7 mil fusiles adquiridos por el Estado peruano siguen sin poder usarse en la lucha contra la criminalidad. La falta de planificación y coordinación en la compra del armamento representa una seria preocupación en el actual contexto de creciente inseguridad en el país.
