La Fiscalía realizó la madrugada de este miércoles un allanamiento en la vivienda de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, ubicada en un condominio del distrito limeño de San Borja. El operativo fue ejecutado por representantes del Ministerio Público y agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), en el marco de las investigaciones relacionadas al caso Waykis en la Sombra. La diligencia estuvo encabezada por el fiscal adjunto provincial Raúl Guerrero Quispe.
De acuerdo con información preliminar, la intervención en la casa de Boluarte formaría parte de un operativo más amplio que incluye otros inmuebles. Testigos señalaron que alrededor de cinco representantes de la Fiscalía ingresaron a la vivienda sin que se registrara resistencia, luego de que un familiar del investigado permitiera el acceso a las autoridades. Según RPP, el allanamiento estaría vinculado a una investigación distinta a la de Los Waykis en la Sombra, aunque este caso aún se mantiene bajo indagación del Ministerio Público.
El abogado de Nicanor Boluarte, Luis Vivanco, llegó hasta la vivienda en San Borja y aseguró desconocer las imputaciones en contra de su defendido. Sin embargo, mencionó que el procedimiento podría estar relacionado con un caso de presunta vinculación con una minera en el que también habría sido mencionado el actual ministro de Justicia, Juan José Santiváñez. “Mi patrocinado no tiene nada que ver con una minera, no conoce al señor Santiváñez ni a nadie de ese sector”, manifestó.
El letrado calificó la diligencia como un “abuso innecesario”, argumentando que en lugar de realizar un allanamiento, lo correcto hubiera sido citar a su patrocinado para esclarecer cualquier presunto vínculo. Por su parte, César Linares, defensor público que asistió a Boluarte al inicio de la intervención, indicó que el hermano de la presidenta ha mostrado predisposición a colaborar con las autoridades y que posteriormente optó por ejercer su derecho a contar con una defensa privada.
Cabe recordar que Nicanor Boluarte afronta investigaciones previas por el caso Los Waykis en la Sombra, donde se le señala como parte de una presunta organización criminal que habría colocado a allegados en puestos clave dentro de entidades estatales. En noviembre de 2024, el Poder Judicial dictó prisión preventiva en su contra por 36 meses, medida que fue revocada en enero de este año. A inicios de agosto, un juzgado también rechazó el pedido de archivo solicitado por su defensa, ratificando que la investigación en su contra por organización criminal debe continuar.
