La Fiscalía de la Nación presentó una denuncia constitucional ante el Congreso de la República contra el expresidente Martín Vizcarra y los exministros María Antonieta Alva (Economía) y Víctor Zamora (Salud), por su presunta participación en un acto de colusión agravada durante la compra de pruebas rápidas al inicio de la pandemia de Covid-19, generando un perjuicio al Estado superior a los S/22 millones.
Según el comunicado difundido por el Ministerio Público a través de la red social X, los hechos se remontan a marzo de 2020, cuando se realizó un proceso de contratación «no previsto» para adquirir 1.4 millones de pruebas rápidas de diagnóstico in vitro. Esta compra fue adjudicada a dos empresas mediante la modalidad de Compra Directa N.º 001-2020-PERÚ COMPRAS/CE, tras una reunión clave celebrada el 18 de marzo en el Ministerio de Economía y Finanzas.
La Fiscalía sostiene que hubo una concertación indebida entre los altos funcionarios y las empresas beneficiadas, lo que habría vulnerado los principios de transparencia y legalidad en la gestión pública. El Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales del Ministerio Público lidera esta acción, argumentando que la compra irregular ocasionó un grave daño económico al Estado en uno de los momentos más críticos de la emergencia sanitaria.
No obstante, la Fiscalía también informó que no encontró méritos para denunciar a Vizcarra, Alva, Pilar Mazzetti y Gustavo Meza-Cuadra por otro caso relacionado: la presunta omisión o demora en la gestión de vacunas contra la Covid-19, pese a que existieron cuestionamientos por la tardía adquisición de estos insumos durante el pico de la crisis.
Este nuevo episodio judicial complica aún más la situación del expresidente Vizcarra, quien ya enfrenta diversas investigaciones por su gestión. De aprobarse esta denuncia en el Congreso, el exmandatario y sus exministros podrían afrontar un proceso penal por delitos contra la administración pública.
