El fiscal coordinador del equipo especial Lava Jato, Rafael Vela Barba, cuestionó la convocatoria a diversas audiencias de cese de prisión preventiva -vinculados al caso Odebrecht– dispuestas por el Poder Judicial, en medio del Estado de Emergencia y las medidas de aislamiento social para evitar el avance de la pandemia del coronavirus.
En especial, se mostró en desacuerdo con la convocatoria a la audiencia en la que se revisará el pedido de la defensa de Jaime Yoshiyama Tanaka, exsecretario general de Fuerza Popular, para variar la orden de prisión preventiva por 18 meses en su contra por la de arresto domiciliario.
Dicha jornada se realizará hoy desde las 12:30 del mediodía y será dirigida por el juez Roger Santos Benites, titular del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria.
A través de un oficio dirigido a la presidenta de la Sala Penal Nacional, Inés Villa Bonilla, el fiscal superior cuestionó que, pese a existir resoluciones administrativas de la sala de la magistrada Villa que emplazan a que se atienda únicamente los casos urgentes, se programen audiencias de cese de prisión preventiva como la requerida por Yoshiyama Tanaka.
Vela expresó su “preocupación por el hecho de que los Juzgados de Investigación Preparatoria realicen audiencias que no se encontrarían dentro del rubro de urgentes e inaplazables, lo que vulnera el Estado de Emergencia Nacional con aislamiento social decretado por el Poder Ejecutivo”.
Como ejemplo de que “no se está cumpliendo” con las resoluciones administrativas emitidas por el Poder Judicial, Vela menciona además las audiencias de cese de prisión preventiva para los casos de los investigados Richard James Martín Tirado (Caso Arbitrajes), Weyden García Rojas (Caso Arbitrajes) y Susana Villarán (Caso Lava Jato).
El fiscal coordinador del equipo especial advirtió que, sin embargo, no se realizó la audiencia de prisión preventiva, programada para el 16 de abril, sobre el pedido de prisión preventiva contra Nadine Heredia, Luis Miguel Castilla y Eleodoro Mayorga por el caso Gasoducto.
En su oficio, señaló que en ese contexto no se entiende las convocatorias a las audiencias virtuales y presenciales, que “no se encontrarían dentro de los presupuestos de urgentes e inaplazables para su realización, que conlleven a que se tenga que vulnerar el Estado de Emergencia con aislamiento social dictado por el Poder Ejecutivo».
El coordinador del equipo especial explicó que la Fiscalía de la Nación también ha emitido las resoluciones N°588-2020-MP-FN, N°593-2020-MP-FN y N°605-2020-MP-FN, en las que se dictan disposiciones internas para asegurar el adecuado acceso y prestación de los servicios que brinda el Ministerio Público durante la emergencia.
“Se dispone que el personal fiscal competente asista a las audiencias que, excepcionalmente, programe el Poder Judicial en los casos de requisitorias, plazo de prisión preventiva improrrogable por vencer; y otros casos de urgente atención”, sostuvo.
En ese sentido, Vela señaló que el Poder Judicial ha solicitado que la fiscalía concurra a la diligencia pedida por Yoshiyama con la carpeta fiscal, “la misma que tendría aproximadamente más de 300 tomos (200 folios cada uno), lo que ocasionaría que se tenga que movilizar toda una logística para el respectivo traslado de la carpeta (contar con choferes, asistentes, camionetas, entre otros)”.
“Esta situación quebranta el estado de emergencia, poniendo en grave riesgo la salud del personal fiscal y administrativo que labora en el Ministerio Público, lo que definitivamente no se condice con la política estatal de aislamiento social”, recalcó.
Según la tesis del fiscal José Domingo Pérez, quien deberá asistir físicamente a la audiencia de este mediodía, Yoshiyama Tanaka habría sido el receptor de US$1 millón, junto a Augusto Bedoya Camere, provenientes de la empresa brasileña Odebrecht para la campaña presidencial de 2011 de Keiko Fujimori.
A su vez, el investigado participará vía videoconferencia desde el penal Miguel Castro Castro, donde permanece recluido desde marzo de 2019.
Fuente: El Comercio
