Como se recuerda, la Comisión de Alto Nivel de la Organización de Estados Americanos (OEA) escuchó este lunes a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, quien calificó de “falsa” la versión que el gobierno de Pedro Castillo dio al ente internacional, al momento de solicitar la activación de la Carta Democrática.
Según informaciones difundidas por el diario El Comercio, Patricia Benavides rechazó que la denuncia constitucional que presentó en contra de Castillo Terrones ante el Parlamento por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión tenga “una motivación política” y sea parte de una “estrategia de ruptura del orden democrático” en el Perú.
Además, El Comercio señala que la titular del Ministerio Público resaltó que los fiscales “no somos actores políticos, sino operadores jurídicos”, porque sus investigaciones se ajustan “al principio de objetividad, respetando el debido proceso y decidiendo sobre la base de los indicios” que se obtienen de las pesquisas.
Añadió que la ejecución de investigaciones preliminares a Castillo Terrones fue una “decisión institucional” de la Fiscalía de la Nación y recordó que fue su antecesor en el cargo, Pablo Sánchez, el que dio pie a esta acción.
Benavides señaló que la Corte Suprema de Justicia haya ratificado, en segunda instancia, la improcedencia de la solicitud de tutela de derechos que presentó el mandatario con la finalidad de anular el inicio de diligencias preliminares. Este acto fue interpretado, en el sentido, de que la realización de las investigaciones se ajusta “al ordenamiento jurídico constitucional”.
Benavides le reveló, además, a Comisión de Alto Nivel de la OEA que el presidente Castillo tiene 51 carpetas fiscales en su despacho. De estas 47 están pendientes, tres están en trámite y se tiene una denuncia constitucional que acumula tres investigaciones, reveló el diario El Comercio.
También dio cuenta que otras siete carpetas sobre el docente fueron archivadas. Estas eran denuncias por presunto fraude electoral que le interpusieron cuando asumió la jefatura del Estado. “Esto corrobora la objetividad de nuestras decisiones en el ejercicio de la función fiscal”, expresó.
Fuente: Diario El Comercio
