Una grave filtración de datos personales expuso la información de más de 15 millones de peruanos, tras una extracción masiva realizada desde el Ministerio del Interior (Mininter) entre enero y marzo de este año. Fotografías, firmas, domicilios y otros datos confidenciales fueron sustraídos desde la cuenta de una funcionaria del propio ministerio, sin que nadie detectara la irregularidad a tiempo. El hecho, que representa un riesgo serio para la seguridad digital de millones de ciudadanos, ya fue denunciado por el Reniec ante la Fiscalía de Ciberdelincuencia.
La usuaria responsable de las consultas fue identificada como Blanca Saavedra Lozada, programadora de 62 años que trabaja en la Oficina General de Tecnología del Mininter. Desde su acceso, se realizaron búsquedas diarias de hasta 430 mil fichas de datos personales, alcanzando un total que supera los 15 millones de registros extraídos. Según Reniec, el patrón de actividad anómala se intensificó a mediados de enero, pero fue recién en marzo que se detectó el flujo irregular, lo que evidencia una grave falla en el monitoreo interno.
La denuncia penal interpuesta apunta directamente a Saavedra, aunque aún se investiga si actuó sola o en complicidad con otros. Para expertos en derecho digital como el abogado Erick Iriarte, lo ocurrido no fue resultado de un ciberataque externo, sino de un uso indebido de un acceso legítimo. “No existió un hacker que rompió el sistema. La brecha se abrió con un usuario autorizado que usó su acceso para extraer datos, posiblemente mediante un bot”, señaló.
La información filtrada puede ser utilizada por mafias digitales para suplantación de identidad, apertura de cuentas bancarias, compra de chips, firmas de contratos falsos y otros actos ilícitos. La situación es alarmante, considerando que esta base de datos está diseñada para ser usada únicamente por instituciones públicas y privadas autorizadas bajo estrictas normas de seguridad y privacidad.
Como medida inmediata, Reniec ha suspendido el acceso del Mininter a su sistema hasta que se implementen nuevos protocolos de seguridad. Además, se detectó una situación similar en el Ministerio de Trabajo. La Fiscalía aún no ha emitido pronunciamiento oficial sobre el avance de las investigaciones, mientras miles de ciudadanos quedan vulnerables ante un delito digital sin precedentes.
Fuente: Perú21
